El destino de 31 toneladas de oro, valoradas en más de 1.000 millones de dólares, será decidido esta semana por el Tribunal de Apelaciones de Reino Unido.
A esa instancia han llevado el caso los abogados del dictador Nicolás Maduro, tras el fallo del Tribunal Superior británico, que reconoció a Juan Guaidó, presidente interino de ese país, como titular del oro.
El juez Nigel Teare concluyó que el Gobierno del Reino Unido reconoció «inequívocamente» a Guaidó como «presidente interino constitucional» de Venezuela y es por tanto la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por él la que tiene autoridad sobre las reservas.
Ahora, los jueces del Tribunal de Apelaciones decidirán si el fallo es el adecuado.
La defensa de los abogados de Maduro
Los argumentos de la defensa del régimen venezolano, buscan que el Banco de Inglaterra entienda como propietario del oro al Estado venezolano, es decir a las organizaciones secuestradas por el dictador Nicolás Maduro e intentan señalar al gobierno interino reconocido por el Reino Unido como «gobierno paralelo de Guaidó».
Los abogados no expresan que representan al dictador Nicolás Maduro, sino al Banco Central de Venezuela (BCV), que ha sido sancionado por Estados Unidos dado su rol clave en la permanencia de Maduro en el poder. El presidente de esta institución del régimen es el ingeniero bolivariano Calixto Ortega.
Otro de los argumentos empleados por la defensa chavista sostiene que Londres no ha roto relaciones diplomáticas con la dictadura venezolana y que ambos gobiernos mantienen a sus embajadores en sus capitales.
En los últimos dos años, el régimen venezolano ha extraído unas 30 toneladas de oro de sus reservas en Venezuela para venderlas en el extranjero a cambio de la moneda fuerte que tanto necesitan.
