La ONU estudió más de 17 casos de presos políticos torturados por el régimen de Nicolás Maduro.
Todas las conclusiones están en el demoledor informe de la Misión Independiente de Determinación de la ONU.
Un documento que describe con detalles las detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, tratos crueles, inhumanos y degradantes aplicadas por el régimen de Maduro de manera sistemática desde 2014.
El documento resalta dos muertes ocurridas en custodia de la Dirección de General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Sebin, los casos del exconcejal de Caracas, Fernando Albán el 8 de octubre de 2018, y del capitán Rafael Acosta Arévalo, el 29 de junio de 2019 y responsabiliza a la cadena de mando que encabeza Nicolás Maduro.
Golpes fuertes dejando marcas visibles; huesos rotos y órganos dañados; esposas excesivamente apretadas; asfixia con sustancias tóxicas y en agua; posiciones de estrés como crucifixiones; sometimiento a luz artificial las 24 horas del día; aislamientos en celdas con poca ventilación y ojos vendados; mutilaciones; choques eléctricos en genitales; violaciones sexuales, privación de alimentos, consumo de excremento obligado y amenazas de muerte, son los mecanismos de tortura que se aplican en el país, según la ONU.
“La tortura es una política que el Estado aplica dándole órdenes a los cuerpos de seguridad que actúan con odio y alevosía”, explicó Rafael Narváez, abogado y defensor de DD.HH. Sostiene que ni en gobiernos dictatoriales como los de Juan Vicente Gómez o Marcos Pérez Jiménez se habían registrado actos tan crueles contra detenidos.
Señala que las sedes del Sebin en El Helicoide, Dgcim en Plaza Venezuela, Cárcel Militar de Ramo Verde, el Centro Penitenciario de la Región Centro Oriental, (El Dorado) y la Cárcel 26 de Julio de San Juan de los Morros, son los “museos del horror en Venezuela”, por donde ha pasado la mayoría de las víctimas de violación de DD.HH en Venezuela.
“Si nos referimos al caso del capitán Acosta Arévalo, prácticamente fue un homicidio cometido por el Estado, porque él llegó a la audiencia muerto en vida. Cuando la juez se dio cuenta y lo mandó al hospital, murió. Tenía hematomas, costillas rotas, laceraciones, intentaron ocultar esa realidad, pero de la morgue mandaron la información de cómo estaba reventado por dentro”, recordó.
Ocurrió igual con Fernando Albán. “Tanto el Ministro de Interior, Néstor Reverol como el Fiscal Tarek William Saab, se contradijeron al informar su muerte. Él fue detenido en Maiquetía y 10 días después informaron a la familia que estaba en el Sebin. La pena para un funcionario que desaparezca a una persona es de 18 a 25 años, según el Código Penal Venezolano, y sin embargo el Poder Judicial hizo caso omiso”, manifestó.
Explica que la relevancia del informe de la ONU es que por primera vez argumenta los crímenes de lesa humanidad con pruebas y se dan nombres de responsables. “Quien ordena la tortura es el presidente de la República, pero el que sea poder público y avale la tortura es cómplice. La responsabilidad penal es individual de quien dio la orden y de quien la ejecuta”, aseveró.
