Quizás no deba considerarse como ex preso político al jefe de Gabinete de Juan Guaidó, porque aún lo sigue siendo.
Ello quedó demostrado cuando Roberto Marrero se disponía a viajar a España para reencontrarse con su familia, pero la dictadura de Nicolás Maduro lo bajó del avión, y le impidió realizar el viaje.
Según detalló El Mundo, Marrero fue obligado a abandonar la aeronave cuando estaba a punto de despegar, pero no fue detenido por la policía. El vuelo charter especial, un Airbus A340-313X, de la compañía Plus Ultra, con destino a Madrid, en el que viajan casi 300 personas, despegó finalmente sin el funcionario opositor a bordo.
Venezuela tiene cerrado su espacio aéreo y las fronteras terrestres desde el inicio de la pandemia y sólo a través de los vuelos humanitarios y viajes “especiales” se puede ingresar o abandonar el país.
Cuando Maduro anunció las excarcelaciones, en agosto pasado, sostuvo que los indultados tenían «la oportunidad de participar en las elecciones” parlamentarias convocadas por el régimen para el 6 de diciembre. Para la dictadura son libres para convalidar sus comicios ilegales pero no para salir del país.
“Nos liberaron porque necesitan bajar la presión. A mí no me liberaron por nada, tienen que negociar y hay un trabajo de un grupo que está afuera, liderado por el presidente interino”, declaraba Marrero tras ser excarcelado el 31 de agosto pasado.
Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, aseveró que el gobierno socialista ha usado a estos indultados “como piezas de canje” para “legitimar una farsa”, refiriéndose a los comicios parlamentarios del 6 de diciembre, que la oposición anunció que boicoteará. “No se indulta a inocentes ni a quienes tienen inmunidad”, apuntó el dirigente.
El 16 de septiembre pasado el informe de la misión de la ONU le dio la razón a Marrero y a Guaidó. La investigación demuestra años de sistemáticas violaciones de derechos humanos planificadas y ejecutadas por las autoridades del régimen venezolano.
“Incluidos asesinatos arbitrarios y el uso sistemático de la tortura de activistas pacíficos y militares que intentan hacer su trabajo profesionalmente”, señaló el informe, que recoge violaciones de derechos humanos en Venezuela desde el año 2014 y que fue dado a conocer la semana pasada, acusa al presidente Nicolás Maduro, al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y otros altos cargos de cometer crímenes de lesa humanidad.
Estas violaciones fueron perpetradas, según la misión de la ONU, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia venezolanos, tanto civiles como militares. “Nuestro análisis completo y minucioso de 223 casos que hemos investigado (…) nos llevó a tener motivos razonables para creer que estas violaciones fueron cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática, de conformidad con políticas de Estado que, por esa razón, constituyen crímenes de lesa humanidad”, afirmó la misión.
La investigación sugiere que tribunales de fuera de Venezuela, incluida la Corte Penal Internacional, juzguen estas violaciones de las libertades fundamentales.
Además del documento de la Misión Internacional de Naciones Unidas, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también reveló que más de 2.000 personas murieron este año en los barrios pobres de Venezuela durante operaciones de seguridad llevadas a cabo por el régimen. “Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad” en Venezuela, dijo, ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) en Ginebra.
