El Consejo del bloque regional expresó su “extrema preocupación” por el deterioro en curso de la democracia

La UE prolonga las sanciones contra el régimen de Daniel Ortega por la represión en Nicaragua

El sistema permitió tomar represalias contra seis individuos por la violación de derechos humanos

La UE prolonga las sanciones contra el régimen de Daniel Ortega por la represión en Nicaragua
Daniel Ortega PD

Nicaragua seguirá recibiendo la presión internacional de la Unión Europea.

El Consejo de la Unión Europea (UE) decidió extender otro año el marco legal que le permite imponer sanciones a personas o empresas en Nicaragua que considere responsables de violaciones de derechos humanos o represión de la sociedad civil o la oposición democrática en el país.

También a las que lleven a cabo acciones, políticas o actividades que socaven la democracia y el Estado de derecho.

Desde que se creó este marco legal, la UE ha sancionado a un total de seis personas en Nicaragua. Las medidas restrictivas consisten en la prohibición de viajar al territorio comunitario y la congelación de activos en la UE.

A la vista de la situación en Nicaragua, el Consejo de la UE decidió ampliar el marco legal hasta el 15 de octubre de 2021.

El régimen de sanciones se creó en octubre de 2019 después de que el Consejo hubiera expresado repetidamente su preocupación por el deterioro de la situación política y social en Nicaragua, y de que hubiera condenado “con firmeza” la represión de oponentes políticos, manifestantes, medios de comunicación independientes y sociedad civil desde abril de 2018.

“La UE continúa extremadamente preocupada por el deterioro en curso de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. La represión por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales debe parar”, señaló el Consejo.

Agregó que espera que el régimen sandinista “se atenga enteramente” a los compromisos contemplados en los acuerdos a los que llegó en marzo de 2019 con la oposición.

La UE recordó que esto incluye el restablecimiento de derechos y garantías civiles y políticos, la liberación y retirada de cargos contra los presos políticos que queden y un acuerdo sobre reformas electorales e institucionales para garantizar unos comicios “creíbles, inclusivos y transparentes” en 2021.

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