La dictadura de Nicolás Maduro está aprovechando la pandemia del COVID-19 para perseguir a opositores.
La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció la detención arbitraria de al menos 159 personas entre marzo y septiembre pasado, cuando se completaron los primeros seis meses de la cuarentena por el COVID-19.
“Los primeros seis meses de vigencia del estado de alarma se caracterizaron por un contexto que agravó las consecuencias de la ausencia de institucionalidad (en Venezuela)”, dijo Provea.
“Además, 159 personas fueron detenidas de manera arbitraria, sobresaliendo como perfiles de víctimas los periodistas, políticos e integrantes del gremio médico que intentaban cuestionar y visibilizar situaciones irregulares bajo cuarentena”, añadió la ONG.
Asimismo, Provea indicó que “otras 442 (personas) fueron detenidas en el contexto de manifestaciones en el país” entre marzo y septiembre, cuando se produjeron varias protestas por escasez de gasolina y retrasos en la entrega de alimentos subsidiados, lo que eleva el número total de detenciones denunciadas a 601.
“La ausencia de lineamientos claros sobre las políticas de cuarentena y distanciamiento social (…) ocasionaron diversas interpretaciones de las autoridades en las cuales se priorizó el mantenimiento del orden sobre el respeto a los diferentes derechos humanos”, continuó el documento.
Estas detenciones, concluyó Provea, se produjeron “como mecanismo de disciplinamiento e intimidación de la población bajo la emergencia sanitaria”, y tenían “el objetivo de mantener la primacía de la narrativa oficial para informar sobre la evolución de la pandemia” en el país.
Asimismo, en el informe se detallan las muertes de cinco personas, catalogadas como “asesinatos”, en medio de enfrentamientos con las autoridades durante manifestaciones, un hecho que la ONG aseguró “reitera la ausencia de una política democrática de control del orden público en el país”.
Según los datos oficiales, en Venezuela 95.750 personas se han contagiado de COVID-19, aunque solo 4.169 casos se cuentan como activos.
