La dictadura venezolana sigue amenazando a la población para forzarles a participar en el fraude electoral convocado para el 6 de diciembre.
Iris Varela, candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y hasta hace dos meses ministra de Servicios Penitenciarios del régimen, envió un mensaje a los gerentes y directivos de este Ministerio (que aún controla en las sombras).
En concreto, les dio la orden de despedir a todos los empleados que no participen este en las elecciones parlamentarias amañadas por el chavismo.
Esta amenaza se suma a la que hizo Diosdado Cabello, quien en un mitin dijo: “El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”.
Estos actos de intimidación y coacción evidencian una vez más que lo que ocurrirá este 6D no son unas elecciones libres, justas ni democráticas, sino un nuevo fraude de la dictadura de Nicolás Maduro.
“Este es un mensaje para todos los funcionarios, directores del Servicio Penitenciario”, comienza el audio que hizo llegar Varela a sus exsubordinados.
“Tenemos una elección muy importante el próximo domingo. Yo le voy a decir a toda la gente que trabaja en el ministerio penitenciario, ¡el que no vote, que lo boten! Porque no tiene sentido que nosotros arriesguemos lo que nos estamos jugando el próximo domingo. Yo sé que mis camaradas todos son cumplidores. Garanticen su voto. Llegó el momento de defender la patria”, agrega la dirigente del régimen.
La amenaza de Varela se sumó así a la que gran parte de la estructura de la dictadura está ejerciendo, sobre todo, en los sectores más vulnerables de la población, aquellos que dependen de la asistencia estatal para sobrevivir en momentos de una crisis humanitaria sin precedentes para América Latina.
La preocupación del chavismo radica, básicamente, en un tema central: si existiera baja concurrencia a las urnas el próximo domingo, los comicios tendrían una doble ilegitimidad. Al ser voluntario la asistencia a los centros de votación, es probable que la población no ejercite su derecho de manera masiva.
De esta forma, coaccionan y amenazan a los ciudadanos a votar, incluso por los llamados “candidatos funcionales” de la oposición, que según gente allegada al presidente interino Juan Guaidó son promovidos económicamente por el Palacio de Miraflores.
