Las organizaciones de derechos humanos habían advertido que la medida “ayudará a consolidar la dictadura”

El parlamento de Nicaragua aprueba una ley para excluirá a toda la oposición a Daniel Ortega de las elecciones

La polémica norma impide postularse para cargos públicos y de elección popular a quienes el régimen dictatorial considere “golpistas” o “terroristas”

El parlamento de Nicaragua aprueba una ley para excluirá a toda la oposición a Daniel Ortega de las elecciones
Daniel Ortega PD

El régimen de Daniel Ortega avanza en la destrucción de la democracia.

El Parlamento de Nicaragua aprobó por amplia mayoría una ley que impide la participación de la oposición en las elecciones de 2021.

Casi en paralelo, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra tres funcionarios de Ortega.

En una sesión extraordinaria, la bancada de 70 diputados sandinistas aprobó la llamada “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”.

Catorce diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) votaron en contra por considerarla “inconstitucional”.

La polémica norma, aprobada con trámite de urgencia, impide postularse para cargos públicos y de elección popular a quienes el gobierno considere “golpistas” o “terroristas”, pese a que la constitución vigente establece plenos derechos de participación política a todos los ciudadanos sin excepción.

De acuerdo con la ley, no podrán participar en los comicios generales de 2021 quienes “encabecen o financien un golpe de Estado…, inciten a la injerencia extranjera, pidan intervenciones militares…, propongan o gestionen bloqueos económicos o demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”.

Todos ellos “serán traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular”, señala el texto aprobado. El Código Penal castiga hasta con 15 años de cárcel los delitos de “terrorismo” y “traición”.

Ortega ha calificado de “golpistas” y “terroristas” a los opositores que participaron en las protestas sociales que estallaron en 2018 y que dejaron al menos 328 muertos, cientos de detenidos y unos 100.000 exiliados por la represión estatal, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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