A Luis Lacalle Pou no le tembló la mano para cesar a un funcionario del Ministerio de Salud por rechazar la vacuna Pfizer por correo electrónico.
Al recibir el mail, el presidente de Uruguay quitó de su cargo a Franco Alaggia, quien era el coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ministerio de Salud Pública.
Alaggia le manifestó a los representantes de Pfizer que Uruguay no estaba interesado en adquirir sus vacunas.
El dato luego fue confirmado por el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, en diálogo con El País de Montevideo. De acuerdo a El Observador, fue el mismo Satdjian quien advirtió a Lacalle Pou de este hecho que desencadenó en la decisión del jefe de Estado.
En noviembre pasado, sin consultar previamente según indican los medios locales, Alaggia escribió un correo electrónico a Pfizer indicando que Uruguay no pretendía contar con la vacuna desarrollada por ellos contra el coronavirus.
Ese mail generó molestias en el Gobierno porque fue enviado sin que nadie tuviese conocimiento y sin contar con el aval de ningún otro funcionario de mayor jerarquía.
Alaggia será reemplazado por Gabriela Gómez, quien se desempeñaba en el área de comunicación de la cartera.
Esta situación se dio en momentos en que Uruguay comenzó una nueva batalla contra la COVID-19 para aplanar la curva de contagios al poner en vigor la ley que cierra fronteras hasta el 10 de enero y prohíbe reuniones con aglomeración de personas por dos meses.
A partir del lunes comenzó a regir la ley, que fue enviada por el Ejecutivo ante el aumento exponencial de casos, y que reglamenta el artículo 38 de la Constitución para limitar las reuniones en las que se entienda que hay riesgo sanitario.
Con esta normativa, Uruguay cerró todas sus fronteras aéreas, marítimas y terrestres con un despliegue de las Fuerzas Armadas por todas las zonas limítrofes con Argentina y Brasil. Así, no podrán ingresar uruguayos y residentes hasta el 10 de enero, salvo quienes hubiesen adquirido su pasaje antes del 16 de diciembre.
Las aglomeraciones que presenten riesgo sanitario serán controladas por la policía y las multas por el desacato de esta ley oscilará entre 30 y 1.000 Unidades Reajustables (de unos 922 a 30.700 dólares).
