La medida ayudaría a evitar, entre otras cosas, que el Gobierno de Pedro Sánchez siga dando privilegios a las figuras sancionadas del chavismo

La petición en el Parlamento Europeo para evitar que Sánchez y Ábalos repitan un ‘Delcygate’

Leopoldo López Gil solicita que el ‘Magnitsky Act’ sea vinculante para los 27 estados miembros de la Unión

La petición en el Parlamento Europeo para evitar que Sánchez y Ábalos repitan un ‘Delcygate’
José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez PD

Leopoldo López Gil quiere evitar que el Gobierno de Pedro Sánchez, así como cualquier otro de la Unión Europea, repita impunemente un vergonzoso acto como el Delcygate’.

El eurodiputado del PP y portavoz del Grupo Popular Europeo para asuntos de Derechos Humanos, solicitó ante el Parlamento Europeo que el nuevo sistema de sanciones aprobado en diciembre de 2020 por la UE [el ‘Magnitsky Act’] sea vinculante para los 27 estados miembros de la Unión.

Durante una reunión de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, López Gil recalcó que “es un claro avance de la UE para dotarse de un sistema que le permitirá penar a personas, entidades y organismos -incluidos los agentes estatales y no estatales-responsables de violaciones y abusos graves de los derechos humanos en todo el mundo, o que estén involucrados o asociados con ellos, independientemente del lugar en que se hayan producido”

No obstante, el eurodiputado ha advertido que este nuevo sistema puede tener “el mismo problema que el antiguo régimen de medidas restrictivas del que disponía el Consejo de la UE”, y que es la regulación de la obligatoriedad de su cumplimento por parte de los países miembros de la UE.

El nuevo ‘Magnitsky Act’ europeo distingue entre dos tipos de sanciones: la prohibición de entrada y tránsito de las personas sancionadas; y la congelación de activos. Siendo la primera de ellas la que fue saltada sin ningún tipo de repercusión por el Gobierno PSOE-Podemos con la visita de la chavista Delcy Rodríguez al aeropuerto de Madrid.

Consciente de este precedente, López Gil explicó que “a pesar de que ambas sanciones son de obligado cumplimiento, solo los reglamentos pertenecen al derecho de la Unión Europea y, por lo tanto, son directamente aplicables y tienen primacía sobre el derecho nacional”.

“De este modo, la prohibición de entrada dentro del territorio europeo queda relegada a la discreción de aplicación de cada estado miembro, pero no habrá consecuencias en caso de incumplimiento, ni inicio de procedimiento de infracción para aquel estado que viole dicha obligación”, agregó el eurodiputado.

López Gil ha mostrado su preocupación sobre este aspecto porque “ya hemos visto en el pasado como algunos estados de la UE han vulnerado en la práctica la prohibición de ingreso dentro de sus fronteras e incluso sus dirigentes se han reunido con estos delincuentes que en ocasiones han sido acusados de crímenes de lesa humanidad”, dijo haciendo referencia directa al encuentro celebrado a comienzos de 2020 en el aeropuerto de Madrid entre un ministro del gobierno español y la vicepresidenta de la tiranía de Nicolás Maduro, a pesar de que tiene prohibida su entrada en territorio europeo.

Por todo ello, López Gil ha pedido que “esta decisión sea vinculante en todos sus aspectos y su falta de aplicación pueda ser objeto de reclamo por parte del Parlamento Europeo tanto al Consejo de la UE como a los estados miembros”

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Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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