Daniel Ortega vuelve a demostrar que teme el rotundo rechazo de la población, por lo que sigue manipulando las elecciones presidenciales para tener todas las papeletas ganadoras.
Cristiana Chamorro, aspirante a la presidencia de Nicaragua, corre el riesgo de quedar fuera de los comicios de noviembre tras una acusación de lavado de dinero que podría impedirle afrontar al mandatario Daniel Ortega.
Chamorro, de 67 años, rechaza esas acusaciones y busca la unidad de la oposición para derrotar en las urnas a Ortega, como hizo su madre Violeta al frente de una coalición en 1990.
El 21 de mayo, la Fiscalía abrió una causa contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), que Cristiana dirigió entre 1998 y febrero de 2021, por presunto lavado de dinero en el periodo 2015-2019. Si la enjuician, la ley nicaragüense no le permite postular a cargos electorales.
Al menos seis periodistas fueron citados por el Ministerio Público (fiscalía) en Nicaragua en el marco de una investigación contra la aspirante presidencial opositora
“Yo no sé de qué me pueden acusar, no sé en calidad de testigo de qué estoy aquí, no sé de qué lavado de dinero hablan”, dijo la corresponsal de Univisión, María Lili Delgado, una de las citadas, y a quien le avisaron que pueden volver a convocarla.
La citación “urgente” le fue enviada el lunes pasado a Delgado, a la periodista Verónica Chávez, copropietaria del medio digital 100% Noticias; a Roberto Cárcamo, de ABC stereo; y al empresario Fabio Gadea, propietario de Radio Corporación, una de las más antiguas del país.
Además se citó a los periodistas Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, que trabajaban en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), que cerró operaciones en febrero afectada por una ley que exigía reportar la recepción de fondos recibidos del exterior y declararse como agente extranjero.
Los comunicadores se rehusaron a declarar sin la presencia de un abogado. Pero se les advirtió que si pasaban con un defensor se les iba a cambiar la condición “de testigo a imputado”, denunció Delgado, quien en algún momento trabajó para la FVBCH.
Explicó que su relación con la ONG fue en la coordinación de medios y capacitación a periodistas. “Eso no es delito”, aseveró.
Las fuerzas de seguridad del régimen sandinista allanaron las oficinas del medio digital Confidencial, que dirige Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana, quien dio cobertura a las prolongadas protestas contra el gobierno de 2018 y que se saldaron con 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tras la brutal represión del régimen contra las protestas, el gobierno de Ortega enfrentó severas sanciones internacionales.
Cristiana consideró la causa en su contra como “una burda farsa” y denunció que sus cuentas bancarias fueron congeladas y se le levantó el sigilo bancario.
La aspirante presidencial tiene un 13,3% de respaldo ciudadano, según un sondeo en enero de la firma Cid Gallup, y se perfila como contrincante de Ortega, en el poder desde el 2007 y quien, según sus opositores, intentará un cuarto mandato consecutivo.
