La fiscalía sandinista ya había solicitado la inhabilitación de Chamorro para ejercer cualquier cargo público

Nicaragua prepara un gran paro nacional por la detención de la opositora Cristiana Chamorro

El dictador Daniel Ortega aumenta la presión contra todos los opositores con opciones de vencerle en las próximas elecciones presidenciales del país centroamericano

Nicaragua prepara un gran paro nacional por la detención de la opositora Cristiana Chamorro
Cristiana Chamorro PD

Nicaragua está en pie de guerra contra la dictadura de Daniel Ortega tras la detención de la opositora Cristiana Chamorro.

Los familiares de presos políticos nicaragüenses y madres de jóvenes que murieron protestando contra el régimen del dictador Daniel Ortega convocaron a un paro nacional tras el arresto domiciliario de la líder opositora.

Efectivos de la policía irrumpieron en la casa de la precandidata presidencial, intensificando dramáticamente la batalla política antes de los comicios de noviembre en las que el exguerrillero izquierdista de 75 años busca reelegirse por tercera ocasión consecutiva.

“Es mejor un paro nacional que un disparo”, dijo Grethel Gómez, frente al domicilio de Chamorro, en un barrio de Managua, donde familiares de presos políticos se congregaron para mostrar su solidaridad con la aspirante y vicepresidenta del diario La Prensa, el más grande del país.

La fiscalía ya había solicitado la inhabilitación de Chamorro para ejercer cualquier cargo público debido a que está siendo investigada por varios delitos, entre ellos lavado de dinero, acusaciones que ella ha rechazado.

Los recientes acontecimientos generaron la condena del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien describió la situación, a través de un mensaje en sus redes sociales, como un asalto a las elecciones libres y justas. “Los nicaragüenses merecen una democracia real”, escribió.

Chamorro es la precandidata de oposición mejor posicionada en las encuestas para enfrentar en los comicios a Ortega, quien gobierna el país ininterrumpidamente desde 2007.

Las inconformidades contra su gestión generaron una serie de protestas en 2018, que fueron contenidas violentamente por las autoridades, dejando más de 300 muertos, de acuerdo con información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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