26 de los 34 países que integran la OEA exigieron la liberación “inmediata” de los políticos opositores

La dictadura de Nicaragua lleva su represión a la economía y arresta al gerente general del Banco de la Producción

Luis Alberto Rivas Anduray se suma a la larga lista de presos políticos de Daniel Ortega de cara a las próximas elecciones presidenciales

La dictadura de Nicaragua lleva su represión a la economía y arresta al gerente general del Banco de la Producción
Daniel Ortega PD

El régimen de Daniel Ortega aumenta su represión y la expande hasta el sector económico.

Tras llenar las cárceles de presos políticos, el tirano suma al gerente general del Banco de la Producción (Banpro) de Nicaragua, Luis Alberto Rivas Anduray, quien fue detenido bajo la acusación de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos” y “pedir intervenciones militares”.

La aprehensión del banquero, el primero que no es político, se dio el mismo día en que 26 de los 34 países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) exigieran al mandatario nicaragüense la liberación “inmediata” de varios dirigentes políticos opositores, incluidos cuatro aspirantes presidenciales que han sido arrestados en lo que va de este mes.

En una declaración, la Policía que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Ortega, indicó que el financiero, al igual que otros 12 políticos opositores detenidos, está siendo investigado “por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, y pedir intervenciones militares”.

También por “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.

Además, por “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.

La Policía explicó que basa su acusación conforme a la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, en diciembre pasado.

La institución del orden indicó que realiza todas las diligencias investigativas pertinentes y remitirá al investigado a las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinación de las responsabilidades penales.

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