El régimen de Nicolás Maduro se está acercando a peligrosos regímenes para que le asesoren electoralmente y mantener una dictadura con disfraz de democracia.
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) chavista, Pedro Calzadilla, invitó al organismo electoral de Rusia para que acompañe los comicios regionales y locales que se celebrarán en el país caribeño el próximo 21 de noviembre.
En una nota de prensa, el CNE informó que Calzadilla extendió la invitación a través del embajador ruso en Caracas, Sergey Mélik Bagdasárov, con quien se reunió en esta misma jornada para abordar temas de cooperación electoral.
Por su parte, el embajador ruso invitó a Calzadilla a suscribir “un nuevo protocolo de cooperación” entre los organismos electorales de ambos países, los cuales han mantenido relaciones de intercambio, al menos, desde 2012.
El pasado viernes, Calzadilla también se reunió con el embajador de Turquía en Venezuela, Sevki Mütevellioglu, para fortalecer la cooperación en materia electoral entre ambos países.
En dicha reunión, Mütevellioglu manifestó a Calzadilla el interés de su país de enviar una delegación para acompañar las elecciones de noviembre.
“El embajador turco expresó el compromiso de su país en enviar una delegación para acompañar las próximas elecciones regionales y municipales que se celebrarán el 21 de noviembre, destacando la importancia de que organizaciones internacionales acompañen esta significativa actividad”, dijo el CNE. El diplomático además extendió una invitación a Calzadilla para que visite Turquía y pueda “explorar asuntos de cooperación con su contraparte turca”.
Tanto Rusia como Turquía son aliados del régimen de Maduro en distintos ámbitos.
Los últimos dos procesos electorales en Venezuela, uno legislativo y otro presidencial, han sido cuestionados por la comunidad internacional y buena parte de la oposición venezolana por considerar que no han contado con los elementos necesarios para garantizar que sean unos comicios democráticos.
Los principales señalamientos se deben a las inhabilitaciones políticas de opositores conocidos o la intervención ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de las directivas de los partidos más grandes que se oponen al chavismo.
