El Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN), en virtud de las negociaciones que adelantan en México el gobierno de facto de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria, y ante el anuncio de que se pretende impulsar próximamente una reforma del sistema judicial venezolano.
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es el fundamento del ordenamiento jurídico, al cual están sujetos todos los órganos que ejercen el poder público, por lo que cualquier reforma judicial depende directamente de la soberanía popular.
Que en la Corte Penal Internacional (CPI), de la cual Venezuela es Estado Parte, cursan centenares de denuncias por crímenes de lesa humanidad contra Nicolas Maduro y miembros de
su régimen dictatorial.
Que el problema fundamental de Venezuela es de carácter político y que bajo el modelo del “socialismo del siglo XXI” se ha deformado la recta administración de justicia, se han politizado los tribunales de la República, incluido el Tribunal Supremo de Justicia, controlando partidistamente todos los órganos públicos.
Ante la grave situación descrita, el Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN):
ACUERDA
PRIMERO: Rechazar de forma contundente cualquier reforma judicial al margen de la soberanía popular.
SEGUNDO: Exhortar a los miembros de la comunidad nacional e internacional a no utilizar temas de distracción ajenos a la grave crisis compleja que afecta a todos los venezolanos. La reinstitucionalización del Estado de Derecho y la recta administración de justicia pasan por respetar la soberanía popular y elegir una Asamblea Nacional que a su vez designe el Tribunal Supremo de Justicia y los demás órganos de administración de justicia.
TERCERO: Rechazar cualquier intento de paralización de la investigación que la Corte Penal Internacional debe decidir en un plazo razonable, sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, pues se debe respetar el derecho de las víctimas a una justicia oportuna y a las reparaciones e indemnización por los daños causados en las últimas décadas en Venezuela. Los derechos de las víctimas son innegociables y esos crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.
