Ecuador ha tenido que enviar al Ejército para detener la matanza en el interior del Centro Penitenciario del Litoral.
Más de un millar de policías y soldados intervinieron en las operaciones y redadas de la Policía y las Fuerzas Armadas en el centro penitenciario número 1 de Guayaquil para incautar armas a los reclusos y evitar tragedias como las que, el martes, dejaron al menos 116 muertos y 80 heridos.
En total, más de 900 policías de distintas unidades tomaron parte en el operativo de registro y control en el interior del también llamado centro penitenciario del Litoral, según la comandante general de la Policía, Tannya Varela, a los que se agregaron un número indefinido de militares y varias tanquetas.
“Nuestra presencia aquí obedece al respaldo legal, que es lo más importante, ante estas circunstancias y estas situaciones por las que estamos atravesando”, dijo la comandante general ante cientos de agentes concentrados en una superficie aledaña a la prisión.
Hasta el momento, las fuerzas del orden lanzaron una operación en la madrugada y otra cerca del mediodía. Pero no serán las únicas.
“Son constantes las operaciones en las últimas horas de parte de los militares y la policía. En la madrugada ingresaron a varios pabellones, y al mediodía a otros”, confirmó a Efe el portavoz de la Gobernación de Guayas, Jefferson Merchán.
Según el último parte policial, las fuerzas incautaron 3 pistolas, 435 balas, 25 armas blancas, tres artefactos explosivos y varias dosis de drogas.
En los operativos actuaron las unidades tácticas Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), y Criminalística, mientras un helicóptero sobrevolaba toda el área.
También lo hicieron agentes de los ejes preventivo, investigativo e inteligencia, confirmó la Policía.
Las intervenciones tienen el objetivo de registrar todo el centro para incautar armas a los reos que el martes protagonizaron la sangrienta reyerta, la tercera este año con decenas de víctimas, si bien los ajustes de cuentas son semanales.
La actuación de fuerzas policiales y militares se produce al amparo del decreto de excepción promulgado por el presidente Guillermo Lasso para lidiar con la crisis, y durará dos meses a escala nacional, es decir en todos los centros del sistema penitenciario, comúnmente referido como SNAI.