El Gobierno de Chile se ha defendido de las acusaciones contra el presidente Sebastián Piñera, a quien señalaban de participar en la venta de la empresa Minera Dominga a su amigo personal Carlos Alberto Délano utilizando un paraíso fiscal en Islas Vírgenes Británicas en 2010, en su primer mandato presidencial.
La investigación asegura que Piñera traspasó acciones de Minera Dominga por 152 millones de dólares en tres pagos, el último de ellos condicionado a la decisión del Gobierno sobre la designación como reserva natural del terreno en el que está emplazado el mineral, que fue rechazada por la autoridad ambiental en 2011.
“Los hechos mencionados respecto de la venta de Minera Dominga ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación”, ha apuntado el Palacio de La Moneda en un comunicado.
“La decisión de la Fiscalía fue acogida por el Tribunal de Primera Instancia y ratificada unánimemente por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia”, ha subrayado la Presidencia.
“El Presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga, operación que se produjo en el año 2010, cuando el mandatario ya no tenía ninguna participación en la administración de esas empresas”, ha añadido.
Desde Presidencia han explicado que Piñera “no participa en la administración de ninguna empresa desde hace más de doce años, antes de asumir su primera presidencia”. “Ni el Presidente Piñera ni su familia poseen sociedades de inversión constituidas en el exterior”, ha remachado La Moneda.
El comunicado reconoce que “en el pasado, las empresas domiciliadas en Chile que pertenecen a la familia Piñera fueron accionistas de sociedades constituidas en el exterior”, pero asegura que “la existencia y su participación en esas sociedades fue informada desde el inicio a las autoridades regulatorias competentes, cumpliendo en plenitud con la ley y pagando todos y cada uno de los impuestos que por dichas inversiones resultaban exigibles en Chile”.
Asimismo, recuerdan que en cumplimiento de la Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de Conflictos de Interés, los activos financieros del Presidente Piñera se encuentran administrados en fidecomisos ciegos desde 2018, lo que implica que el mandatario no conoce las inversiones realizadas.
“Adicionalmente, en forma voluntaria, y pese a que la ley no lo requiere, la familia del Presidente también ha constituido fideicomisos ciegos sobre su participación en sociedades anónimas listadas en Chile. Toda afirmación contraria a lo recién mencionado no corresponde a la verdad”, concluye la declaración.
Por su parte, Délano ha respondido al ICIJ que las sociedades de la familia “cumplieron todas las obligaciones de declaración y/o pago de impuestos que eran aplicables a esa operación” y ha destacado que la tercera cuota corresponde sólo al 6,5 por ciento total del precio de venta.
