Nicaragua mantiene su ‘guerra’ contra las ONG que defienden los Derechos Humanos.
La Asamblea Nacional, de mayoría sandinista y bajo las órdenes de Daniel Ortega, canceló la personalidad jurídica a otras seis ONG, entre ellas dos feministas, una defensora de derechos humanos y una vinculada a la poetisa y escritora Gioconda Belli.
Con 75 votos a favor, 11 abstenciones y 5 presentes que no ejercieron el voto pero por ley se convierten en favorables, entre los 91 diputados que integran el Parlamento, la mayoría sandinistas y sus aliados, aprobaron la cancelación de la Asociación PEN Internacional Nicaragua, ligada a Belli.
Hace un año, la poetisa y escritora anunció el cierre del capítulo Nicaragua de la organización PEN Internacional debido a la controvertida ley de regulación de agentes extranjeros, que sanciona a quienes reciben financiación y donaciones del exterior.
Ese organismo, que al momento de su cierre tenía 21 años de funcionar en el país centroamericano, ejecutaba programas “de estímulo a la lectura y de difusión de la lectura nacional, talleres de lenguaje”, y alertaba “sobre las violaciones a la libertad de prensa y de expresión que se han venido recrudeciendo” en el país, según explicó en su momento Belli.
Las otras ONG ilegalizadas este martes son la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra, la Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Arauz (Fundemuni), la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), el Centro Nicaragüense para la Promoción de la Juventud y la Infancia, y la Fundación Iberoamericana de las Culturas (Fibras).
Las ONG fueron canceladas con “carácter de urgencia” con el argumento de que no reportan sus estados financieros, tienen juntas directivas con plazo vencido, y recibieron donaciones del exterior, de acuerdo con un informe presentado por el Ministerio de Gobernación al Parlamento.
El total de ONG canceladas desde las masivas manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018 asciende a 93, incluyendo 14 universidades, así como organismos humanitarios, centros de pensamiento, entre otros.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), uno de los primeros en ser ilegalizados, calificó de “venganza política”, “confiscación” y “robo” las cancelaciones de personalidad jurídica, ya que, según ha documentado, se realizan sin el debido proceso y los bienes pasan de inmediato a ser propiedad del Estado.
