Nueve expresidentes latinoamericanos son declarados «personas no gratas» por el chavismo

La declaración de «personas no gratas» a nueve expresidentes latinoamericanos, junto con la amenaza de tratarlos como invasores en caso de que intenten pisar suelo venezolano, revela una preocupante narrativa de aislamiento y radicalización que desborda el ámbito político para ingresar en el terreno del absurdo.

La lista de exmandatarios vetados incluye nombres como Andrés Pastrana, Felipe Calderón y Laura Chinchilla, figuras políticas que, independientemente de sus posturas ideológicas o trayectorias, representan democracias consolidadas en sus respectivos países. Su «delito»: expresar apoyo al opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama la Presidencia tras las elecciones del 28 de julio. Esta acción del Parlamento venezolano no solo busca desacreditar a estos líderes internacionales, sino también reforzar un discurso paranoico de soberanía amenazada.

La retórica utilizada por los principales voceros de la Asamblea deja poco margen para la interpretación. Calificar a estos expresidentes como «fascistas» y «ultraderechistas» forma parte de un lenguaje desgastado que intenta reducir cualquier oposición al chavismo a una conspiración imperialista. Más grave aún, la propuesta del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, de tratar a los exmandatarios como invasores y aplicarles todo el peso de la ley si ingresan al país, evoca un autoritarismo que asusta. ¿En qué momento el ejercicio de la diplomacia y el diálogo fueron sustituidos por amenazas dignas de un manual de guerra?

La diputada Rodbexa Poleo justificó esta postura en nombre de «la defensa de la patria» y «la reivindicación de nuestra historia». Pero cabe preguntarse: ¿defensa de qué? Venezuela no enfrenta a ejércitos extranjeros ni a flotas invasoras, sino a una crisis política interna que requiere puentes, no muros. Incluso el diputado opositor José Brito, en un intento por desmarcarse del oficialismo, se limitó a descalificar a los exmandatarios con calificativos igualmente populistas y vacíos.

El problema central radica en la narrativa que busca consolidar la Asamblea Nacional. Al presentar cualquier crítica o intervención extranjera como un ataque directo a la soberanía, el chavismo refuerza un cerco ideológico que aísla a Venezuela de la comunidad internacional.

Esto no solo afecta la imagen del país, sino que también perpetúa el estancamiento político y económico que tanto daño ha causado a los venezolanos.

La presencia de observadores internacionales en un contexto de tensión política, como el que vive Venezuela, es una práctica común en democracias alrededor del mundo. Criminalizar este tipo de acciones equivale a clausurar cualquier posibilidad de transición o entendimiento. Además, las amenazas de tratar a los exmandatarios como «fuerzas invasoras» son no solo desproporcionadas, sino también peligrosas, pues podrían desencadenar incidentes diplomáticos de gran envergadura.

Más allá de los nombres y las ideologías, el episodio pone de manifiesto un problema estructural: la incapacidad del liderazgo venezolano para gestionar el disenso y abrir espacios de debate. En un momento histórico en el que el país necesita reconstruir su institucionalidad y recuperar la confianza de su pueblo, decisiones como esta solo contribuyen a profundizar la fractura.

Es imperativo que las voces moderadas, tanto dentro como fuera de Venezuela, hagan un llamado a la sensatez. La solución a la crisis venezolana no vendrá de la exclusión ni del enfrentamiento, sino de la voluntad de todas las partes para dialogar y encontrar un camino conjunto hacia el futuro. Declarar personas no gratas a quienes buscan tender puentes es, en el mejor de los casos, un error estratégico; en el peor, una tragedia anunciada.