Reino Unido, Canadá, UE y EEUU imponen sanciones sin precedentes al régimen chavista

La comunidad internacional acorrala al dictador Maduro tras su investidura fraudulenta

Washington aumenta a 25 millones la recompensa por la captura del sátrapa

La recompensa por el el dictador Maduro
La recompensa por el el dictador Maduro. PD

Le van a apretar las clavijas.

Y en cuanto Donald Trump entre en la Casa Blanca, este 20 de enero de 2025, todavía se le pondrán las cosas más crudas al dictador Maduro y sus sicarios.

La investidura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para un tercer mandato consecutivo ha desencadenado una oleada de sanciones internacionales sin precedentes.

Reino Unido, Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos han tomado medidas contundentes contra el régimen chavista, acusándolo de violaciones sistemáticas de los derechos humanos y de socavar la democracia en el país latinoamericano.

El viernes 10 de enero, mientras Maduro juraba el cargo en Caracas en medio de acusaciones de fraude electoral, la comunidad internacional respondía con una serie de acciones coordinadas.

Reino Unido anunció sanciones contra 15 altos cargos del gobierno venezolano, incluyendo jueces y miembros de las fuerzas de seguridad.

 Canadá, por su parte, impuso medidas punitivas a 14 funcionarios y exfuncionarios acusados de apoyar violaciones de derechos humanos.

La Unión Europea no se quedó atrás, sancionando a la presidenta del Tribunal Supremo venezolano y a otros 14 altos cargos.

EEUU aumenta la presión

En un movimiento que ha captado la atención mundial, Estados Unidos ha incrementado de 15 a 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro.

Esta medida forma parte de una nueva batería de sanciones impuestas por la administración Biden, que incluye también recompensas millonarias por otros altos funcionarios del régimen:

  • 25 millones de dólares por Diosdado Cabello, ministro del Interior
  • 15 millones de dólares por Vladimir Padrino, ministro de Defensa

Además, el Departamento del Tesoro estadounidense ha impuesto sanciones económicas a ocho altos cargos del gobierno venezolano, entre ellos el presidente de la petrolera estatal PDVSA, Héctor Obregón Pérez, y el ministro de Transportes, Ramón Celestino Velásquez.

Violaciones de derechos humanos

Las sanciones internacionales se fundamentan en un largo historial de abusos por parte del régimen de Maduro.

Un informe reciente de la Misión Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de la ONU acusa al gobierno de cometer crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

El documento, de 158 páginas, señala a las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de cometer:

  • Asesinatos
  • Desapariciones forzadas
  • Actos de tortura
  • Violencia sexual y de género4

La situación se ha agravado en los días previos a la investidura de Maduro con la detención de la opositora María Corina Machado, un hecho que el gobierno niega pero que ha sido ampliamente denunciado por la oposición y observadores internacionales.

 «Golpe de Estado»

Edmundo González Urrutia, quien asegura haber ganado las elecciones de 2024 con más del 70% de los votos según actas verificadas por observadores internacionales, permanece en República Dominicana.

La oposición venezolana ha calificado la investidura de Maduro como un «golpe de Estado» y ha anunciado el inicio de «una nueva fase en la lucha por la democracia».

La Plataforma Unitaria, principal coalición opositora, ha declarado en un comunicado: «Con la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro, apoyado por la fuerza bruta y desconociendo la soberanía popular expresada contundentemente el pasado 28 de julio, se ha consumado un golpe de Estado«.

Temores de una «nicaragüización» de Venezuela

Analistas y opositores temen que Venezuela pueda seguir los pasos de Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha consolidado su poder mediante reformas constitucionales que les otorgan control absoluto sobre los poderes del Estado.

En Nicaragua, cientos de opositores han sido arrestados y forzados al exilio, llegando incluso a quitarles la nacionalidad a muchos de ellos.

Existe preocupación de que Maduro pueda impulsar leyes y reformas constitucionales similares para blindar su permanencia en el poder, lo que profundizaría aún más la crisis democrática en Venezuela.

El ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, ha calificado la presidencia de Maduro como «fraudulenta».

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Mélanie Joly, ha declarado que las sanciones de su país se dirigen contra aquellos que han «apoyado directa o indirectamente las violaciones de los derechos humanos en Venezuela».

La comunidad internacional parece estar cerrando filas en torno a una estrategia de presión económica y diplomática contra el régimen de Maduro.

Sin embargo, queda por ver si estas medidas serán suficientes para provocar un cambio significativo en la situación política de Venezuela.

Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue enfrentando una crisis humanitaria sin precedentes, con millones de personas que han abandonado el país en busca de mejores condiciones de vida.

La resolución de esta crisis parece aún lejana, y el futuro de Venezuela permanece incierto en medio de esta tormenta política y diplomática.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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