La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de movilizar 10.000 militares a la frontera con Estados Unidos no responde a una estrategia interna de seguridad, sino a una exigencia disfrazada de «acuerdo» para evitar aranceles del 25% que Donald Trump amenazó con imponer.
Más allá de la retórica diplomática, esta decisión pone en evidencia la fragilidad con la que México debe manejarse ante la política de su vecino del norte.
El gobierno de Trump no ha dudado en responsabilizar a México del flujo de drogas y migrantes irregulares, aún cuando el fenómeno es consecuencia de un complejo entramado de factores que incluyen la alta demanda estadounidense de estupefacientes y su fallida guerra contra el narcotráfico.
La realidad es que esta «colaboración» forzada solo refuerza el rol de México como el muro de contención de Trump. Mientras Washington criminaliza a su vecino del sur, Sheinbaum se ve obligada a ceder a un despliegue militar que no solo distrae recursos de la lucha contra el crimen organizado en el resto del país, sino que también refuerza la narrativa de que México debe asumir la responsabilidad de la crisis de seguridad y migración que azota a la región.
El mensaje es claro: la política de amenazas comerciales sigue siendo el arma favorita de Trump, y México, con su economía dependiente de las exportaciones, sigue atrapado en un juego donde la soberanía se mide en tarifas y despliegues militares.
