El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado una guerra abierta contra las bandas criminales que han sumido al país en una espiral de violencia sin precedentes. Con su Plan Fénix como bandera, el mandatario anunció esta semana que en tres semanas llegará asistencia internacional para reforzar la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, mientras las promesas se acumulan, los resultados concretos parecen esquivos.
Ecuador enfrenta una crisis de seguridad que lo convirtió en 2023 en el país con mayor índice de homicidios de Latinoamérica.
Desde inicios de 2024, Noboa declaró al país en «conflicto armado interno», calificando a las bandas criminales como grupos «terroristas». Estas organizaciones, vinculadas con carteles mexicanos como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, controlan actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones.
El Plan Fénix ha sido presentado como la solución definitiva para devolver la paz a Ecuador. Incluye como militarización de las calles, construcción de megacárceles y barcos-prisión, y la creación de medidas de una central de inteligencia. Sin embargo, muchos critican que estas acciones no aborden las causas estructurales del problema, como el desempleo y la desigualdad.
¿Una estrategia efectiva o más promesas incumplidas?
Noboa asegura que su plan está en marcha y que «toma tiempo desarticular bandas que llevan más de diez años operando». Pero los números no respaldan de todo su optimismo. Aunque el Gobierno reporta una disminución del 15% en muertes violentas durante 2024, la percepción de inseguridad sigue creciendo entre los ciudadanos. Además, expertos señalan que las medidas represivas no han logrado frenar la expansión del narcotráfico ni reducir significativamente los índices de criminalidad.
La llegada de asistencia internacional es un paso importante, pero también plantea preguntas. ¿Qué tipo de apoyo recibirán? ¿Cómo se coordinará con las fuerzas locales? Y lo más importante: ¿será suficiente para enfrentar un problema tan complejo y arraigado?
El costo humano y político
El impacto del Plan Fénix no se limita a los operativos policiales. La militarización ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos por posibles abusos y falta de transparencia. Además, el aumento del IVA al 15% para financiar estas medidas ha golpeado a los sectores más vulnerables, generando críticas desde la sociedad civil.
Noboa apuesta por consolidar su narrativa de «mano dura», inspirada en modelos como el salvadoreño Nayib Bukele.
Pero mientras busca resultados rápidos para fortalecer su imagen política y garantizar su reelección, Ecuador sigue atrapado en una crisis que exige soluciones integrales.
¿Qué necesita Ecuador realmente?
La violencia no se resolverá solo con balas y cárceles. Es necesario un enfoque más amplio que incluya políticas sociales, económicas y educativas para atacar las raíces del problema. La cooperación internacional puede ser clave, pero no sustituye la responsabilidad del Gobierno ecuatoriano de implementar estrategias sostenibles y transparentes.
Ecuador está en guerra, sí, pero no solo contra las bandas criminales. También lucha contra la desconfianza ciudadana, la desigualdad y un sistema que ha fallado durante décadas. El Plan Fénix puede ser un punto de partida, pero si no se acompaña de cambios estructurales profundos, corre el riesgo de convertirse en otro espejismo más en medio del caos.
A finales de febrero, el Gobierno ecuatoriano anunció su intención de solicitar asistencia internacional para reforzar la lucha contra el crimen organizado transnacional. En respuesta, la canciller Gabriela Sommerfeld emprendió una gira diplomática por Chile, Uruguay y Argentina, con el objetivo de establecer acuerdos de cooperación en diversos ámbitos, especialmente en materia de seguridad.
La Asamblea Nacional de Ecuador respaldó esta iniciativa, aprobando una resolución que insta al Ejecutivo a buscar acuerdos de cooperación internacional para combatir el crimen organizado. En un gesto significativo, el Legislativo, liderado por la oposición correísta, declaró a los grupos delictivos organizados, tanto nacionales como extranjeros, como enemigos del Estado .
Sin embargo, el ministro de Gobierno, José De la Gasca, ha querido aclarar el alcance de esta cooperación internacional. «Se trata de asistencia con naturaleza permanente en entrenamiento, capacitación y tecnología, siempre de acuerdo al derecho internacional y al derecho interno», explicó De la Gasca, descartando la presencia de fuerzas extranjeras patrullando las calles ecuatorianas.
Esta búsqueda de apoyo internacional se enmarca en la estrategia del presidente Daniel Noboa para hacer frente a la creciente violencia en el país. Ecuador, que en 2023 registró el índice de homicidios más alto de Latinoamérica, se encuentra desde inicios de 2024 bajo la declaración de «conflicto armado interno» para enfrentar a las bandas criminales.
La cooperación internacional se perfila como un elemento clave en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador, centrándose en el intercambio de conocimientos, tecnología y capacitación, sin comprometer la soberanía nacional en materia de seguridad interna.
