Hoy, sábado 12 de abril de 2025, la situación de Kilmar Abrego García sigue siendo un símbolo de las fallas en la política migratoria estadounidense.
Este salvadoreño, de 29 años, fue deportado erróneamente a El Salvador el pasado 15 de marzo, pese a contar con protección judicial en Estados Unidos desde 2019.
Su caso ha generado indignación y se ha convertido en un foco de atención sobre los métodos utilizados por la administración de Donald Trump para ejecutar deportaciones rápidas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII poco usada hasta ahora.
La Corte Suprema ordenó recientemente al Ejecutivo «facilitar» el regreso de Abrego García a Estados Unidos. Sin embargo, en una tensa audiencia celebrada este viernes, el Departamento de Justicia no pudo aclarar su paradero ni detallar qué medidas concretas se están tomando para cumplir con la orden.
La jueza federal Paula Xinis expresó su frustración ante esta falta de acción y calificó la situación como «extremadamente preocupante».
¿Quién es Kilmar Abrego García?
Kilmar Abrego García llegó a Estados Unidos con solo 16 años huyendo de amenazas de pandillas en El Salvador. Desde entonces, construyó una vida en Maryland junto a su esposa, ciudadana estadounidense, y sus tres hijos. En 2019, un juez le otorgó protección contra la deportación debido al riesgo que enfrentaría si regresaba a su país natal. A pesar de ello, agentes del ICE lo detuvieron en un aparcamiento mientras iba acompañado por su hijo autista.
El gobierno justificó su deportación bajo acusaciones infundadas de vínculos con la pandilla MS-13, basándose únicamente en la declaración vaga y no corroborada de un informante confidencial. Esta acusación ha sido rechazada tanto por sus abogados como por su familia.
Desde su llegada a El Salvador, Abrego García ha estado recluido en la megacárcel CECOT, famosa por sus deplorables condiciones y múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele.
El impacto del régimen de excepción en los deportados
El caso Abrego García no es aislado. Desde 2022, el régimen de excepción en El Salvador ha resultado en más de 83,600 detenciones masivas para combatir las pandillas. Sin embargo, activistas denuncian que muchos detenidos no tienen vínculos criminales reales y han sido encarcelados sin respetar el debido proceso. Esta situación coloca a los deportados estadounidenses en un alto riesgo de persecución y abuso.
Bukele ha defendido estas medidas como un éxito contra la violencia pandillera y recientemente sugirió que podrían ser relajadas. Sin embargo, expertos consideran improbable que esto ocurra debido al control político que ejerce este régimen sobre el país.
Las implicaciones legales y políticas
La deportación errónea de Abrego García pone en evidencia los desafíos legales y éticos que plantea el uso extensivo de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del gobierno Trump. Aunque el Tribunal Supremo permitió temporalmente su aplicación para otras deportaciones recientes, ha insistido en que los migrantes deben ser notificados adecuadamente y tener oportunidad de impugnar las órdenes ante un juez.
En el caso específico de Abrego García, la Corte Suprema respaldó la decisión inicial de la jueza Xinis para garantizar su retorno. Sin embargo, también admitió ambigüedades en cómo se debería implementar esta orden sin exceder las competencias judiciales respecto a política exterior.
El futuro incierto para los deportados
Para cientos de migrantes enviados a El Salvador bajo esta política, el panorama es sombrío. Muchos enfrentan detenciones arbitrarias o condiciones inhumanas sin acceso al debido proceso. Organizaciones pro derechos humanos han señalado que estas acciones perpetúan un ciclo de persecución y exclusión social.
La familia y los abogados de Abrego García siguen luchando por su regreso mientras hacen frente al trauma emocional causado por este error administrativo. Su esposa expresó esta semana: «Seguiré luchando hasta que mi esposo esté en casa». Este caso subraya la urgencia no solo de corregir errores individuales, sino también de reformar un sistema que pone en riesgo las vidas y derechos fundamentales de miles.
