El presidente Donald Trump ha vuelto a sacudir el tablero migratorio internacional con una controvertida orden ejecutiva que prohíbe la entrada a Estados Unidos de ciudadanos procedentes de 19 países, 12 de ellos bajo restricción total.
La medida, anunciada ayer y que entrará en vigor el próximo lunes 9 de junio, ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y comunidades migrantes, especialmente la venezolana, que ya enfrentaba serios desafíos tras la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS).
La orden ejecutiva, justificada por la administración Trump como necesaria para «proteger la seguridad nacional», supone un endurecimiento sin precedentes de la política migratoria estadounidense y afecta especialmente a naciones con crisis humanitarias o políticas, como Venezuela, Haití, Yemen y Somalia.
Los 12 países bajo prohibición total
La nueva política migratoria establece una prohibición total de entrada para ciudadanos de 12 naciones: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Según el documento oficial de la Casa Blanca, estos países han sido seleccionados por supuestos riesgos de seguridad nacional, altas tasas de permanencia ilegal tras el vencimiento de visados, o falta de cooperación en procesos de deportación.
En el caso de Haití, por ejemplo, la administración Trump argumenta que el país caribeño «tuvo una tasa de permanencia ilegal del 31,38% para visados B-1/B-2 y del 25,05% para visados F, M y J». Además, señala que «cientos de miles de inmigrantes haitianos ilegales inundaron Estados Unidos durante la Administración Biden», creando lo que califican como «riesgos agudos de mayores tasas de permanencia ilegal, establecimiento de redes criminales y otras amenazas a la seguridad nacional».
Para Irán, la justificación es su designación como «estado patrocinador del terrorismo», mientras que para países como Sudán y Yemen se menciona la falta de «una autoridad central competente o cooperativa para la emisión de pasaportes o documentos civiles» y la ausencia de «medidas adecuadas de control y verificación».
Venezuela y la crisis migratoria
Entre los países afectados por restricciones parciales se encuentra Venezuela, una nación que ha experimentado uno de los mayores éxodos humanos de la historia reciente. Según datos recientes, más de 900.000 venezolanos residen actualmente en Estados Unidos, con el 75% habiendo llegado después de 2010.
La nueva orden ejecutiva prohíbe específicamente la entrada de venezolanos con visas de turismo (B-2), negocios (B-1), estudios (F, M) o de intercambio cultural y académico (J). Además, ordena a las embajadas y consulados estadounidenses «reducir la vigencia» de cualquier otra visa de no inmigrante para los ciudadanos venezolanos «en la medida que lo permita la ley».
John De La Vega, abogado venezolano de migración radicado en Miami, explicó en el programa La Tarde de NTN24 que «los venezolanos más afectados son los que se encuentran fuera de Estados Unidos» y aquellos que no tienen una visa vigente. Sin embargo, advirtió que, según algunos funcionarios del Departamento de Estado, los agentes fronterizos mantienen poder discrecional para denegar la entrada incluso a quienes teóricamente no estarían afectados por la orden.
El drama de los venezolanos con TPS
Esta nueva restricción se suma a la ya precaria situación de aproximadamente 600.000 venezolanos que se beneficiaban del Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa migratorio que les permitía vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
A principios de este año, el gobierno de Trump decidió revocar la extensión del TPS para venezolanos que había sido aprobada por la administración Biden poco antes de dejar el poder. Esta decisión dejó en el limbo a unos 350.000 venezolanos cuyo estatus expiró el 7 de abril de 2025, mientras que otros 250.000 enfrentan la misma situación en septiembre.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió al presidente Trump revocar este programa, desestimando una orden de un juez de menor instancia en California que se oponía a la medida. Los abogados de la administración argumentaron que el TPS para Venezuela va en contra del «interés nacional» de EE.UU. y que la Justicia no tiene potestad para decidir sobre asuntos de política migratoria «urgentes».
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, llegó incluso a calificar a los beneficiarios de este programa como «desgraciados» y criminales, una retórica que ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos.
Impacto en la comunidad venezolana
La comunidad venezolana en Estados Unidos, que apoyó mayoritariamente a Trump durante las elecciones presidenciales, ahora se encuentra dividida y preocupada. Muchos sienten que el compromiso de campaña del mandatario era actuar contra criminales, no contra migrantes que huyen de la crisis política y económica en su país.
El grupo Caucus Venezolano-Americano ha anunciado que emprenderá acciones legales contra estas medidas, mientras que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora venezolana, ha expresado su preocupación por la decisión, señalando que «agrava aún más la ya compleja situación migratoria de los venezolanos».
«Esta decisión representa una medida que agrava aún más la ya compleja situación migratoria de los venezolanos, quienes no deben ser los que sufran las consecuencias de la crisis que atraviesa nuestra nación», indicó la PUD en un comunicado publicado en X. A su juicio, las medidas que «penalizan la nacionalidad de origen solo incrementan el sufrimiento de los venezolanos de bien».
Programas de asistencia interrumpidos
La situación se complica aún más por la interrupción de diversos programas de asistencia a migrantes venezolanos. Las Oficinas de Movilidad Segura (SMO), establecidas durante la administración Biden en países como Colombia, Guatemala, Costa Rica y Ecuador, cesaron sus actividades sin un plan claro para los casos en proceso, dejando en el limbo a miles de venezolanos que habían sido aprobados para ingresar a EE.UU. a través de vías legales.
Asimismo, la suspensión del Programa de Admisión de Refugiados (USRAP) ha cancelado los viajes de aquellos que ya habían sido aprobados para reasentamiento, generando incertidumbre sobre su futuro.
En otros países de la región, programas como la «Operación Acogida» en Brasil y los «Centros de Integración» en Colombia han detenido sus operaciones debido a la congelación de fondos, complicando aún más la situación de los migrantes venezolanos.
Justificaciones y críticas
La administración Trump ha justificado estas restricciones migratorias como medidas necesarias para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. El presidente ha recordado una medida similar que tomó durante su primer mandato, cuando prohibió la entrada de personas de siete países de mayoría musulmana.
Sin embargo, críticos y expertos en migración señalan que estas políticas tienen poco sustento en datos reales sobre amenazas a la seguridad. En el caso específico de los venezolanos, el gobierno ha intentado vincular a la migración con la presencia de supuestos miembros de la banda del Tren de Aragua, a pesar de que los datos no muestran un aumento significativo de criminalidad asociada con los migrantes venezolanos en Estados Unidos.
El congresista demócrata Lou Correa ha calificado la medida como «anticonstitucional», asegurando que «la Justicia la va a frenar». Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han denunciado que estas políticas discriminan a personas por su nacionalidad y no abordan de manera efectiva los problemas de seguridad que dicen querer solucionar.
Perspectivas futuras
El futuro de los migrantes venezolanos en Estados Unidos se presenta incierto. Mientras algunos buscan alternativas legales para permanecer en el país, como solicitar asilo político o ajustar su estatus migratorio a través de familiares ciudadanos estadounidenses, otros contemplan la posibilidad de trasladarse a terceros países.
La situación se complica aún más por el reciente acercamiento entre la administración Trump y el gobierno de Nicolás Maduro, que ha acordado retomar las repatriaciones de venezolanos expulsados de Estados Unidos. Este acuerdo ha generado temor entre muchos migrantes, que huyeron precisamente de la persecución política y la crisis económica en Venezuela.
Los expertos en migración advierten que estas políticas restrictivas podrían tener consecuencias no deseadas, como el aumento de la migración irregular y la creación de redes de tráfico de personas más sofisticadas. Además, señalan que la criminalización de comunidades enteras por su origen nacional contradice los valores fundamentales de Estados Unidos como nación de inmigrantes.
Mientras tanto, cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos permanecen en vilo, esperando que los tribunales o un cambio en la política migratoria les permita continuar con sus vidas en el país que eligieron como refugio frente a la crisis en su tierra natal.
