Tensión política y pulso institucional en Bogotá

El ‘decretazo popular’ del comunista Petro: crisis constitucional y desafío al Congreso en Colombia

El presidente Gustavo Petro desafía al Congreso con un decreto para consulta popular, abriendo un grave conflicto de poderes que pone a prueba la democracia colombiana

Gustavo Petro
Gustavo Petro. PD

Hoy, 12 de junio de 2025, Colombia vive una de las crisis políticas más intensas desde el regreso de la democracia.

Gustavo Petro, presidente y figura clave de la izquierda colombiana, ha firmado el polémico decreto que convoca a una consulta popular sobre su ambiciosa reforma laboral y sanitaria.

Este movimiento, calificado por muchos como un auténtico ‘decretazo’, surge tras el reiterado bloqueo del Congreso a sus proyectos emblemáticos y ha desatado un terremoto institucional en Bogotá.

La decisión de Petro, fundamentada en su voluntad de «darle la voz al pueblo» frente a la intransigencia legislativa, ha sido recibida con duras críticas por parte de los sectores empresariales, juristas y políticos. La Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) no ha dudado en advertir sobre una posible ruptura del orden constitucional.

La controversia se amplifica porque el decreto fue emitido ignorando el concepto desfavorable del Senado, que ya había rechazado la consulta popular solicitada por el Ejecutivo.

¿Crisis constitucional o ejercicio democrático?

En palabras del propio presidente: “Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo […] son respondidos positivamente por el Congreso”. Con esta declaración, Petro deja claro que considera la consulta popular como un mecanismo legítimo para destrabar su agenda social. Sin embargo, expertos en derecho constitucional alertan sobre los riesgos de cruzar la línea entre lo democrático y lo autoritario.

El profesor Manuel Camilo González advierte: “Si el Gobierno suele desconocer la normativa de la Corte Constitucional y decide lanzar la consulta popular, estaríamos del otro lado de los regímenes políticos […] podríamos cruzar a un escenario totalmente autoritario”. El asunto está ahora en manos de la Corte Constitucional, que debe revisar la legalidad del decreto. No obstante, existe incertidumbre sobre si este control será previo o posterior a la eventual votación ciudadana prevista para el 7 de agosto, día simbólico para Colombia por conmemorar la Batalla de Boyacá.

Por su parte, el Consejo de Estado podría intervenir si se plantea un conflicto formal entre Ejecutivo y Legislativo. Esta disputa institucional recuerda episodios recientes en América Latina donde presidentes han buscado apoyos directos en las urnas para sortear bloqueos parlamentarios.

Las reformas en juego y el trasfondo social

Las reformas propuestas por Petro incluyen:

  • Reducción progresiva de la jornada laboral.
  • Nuevas licencias por salud.
  • Eliminación progresiva de la tercerización laboral.

A pesar del rechazo inicial del Senado a someter estos cambios a consulta popular, actualmente se tramita otro proyecto alternativo en materia laboral dentro del Congreso. Mientras tanto, las centrales obreras han salido a las calles para respaldar al presidente y exigir avances en derechos laborales.

El contexto es tenso: apenas días atrás, un senador opositor y precandidato presidencial, Miguel Uribe -sin relación con el expresidente Álvaro Uribe- fue víctima de un atentado grave, lo que ha incrementado el clima de polarización política. Muchos actores sociales han pedido moderación y evitar medidas que profundicen la fractura institucional.

Antecedentes recientes: Colombia, entre protestas y polarización

No es la primera vez que Colombia enfrenta una crisis política relacionada con reformas sociales profundas. El estallido social de 2021 evidenció una ciudadanía movilizada y exigente frente a derechos laborales y sociales. Sin embargo, también mostró cómo la respuesta institucional puede inclinarse hacia la represión o el diálogo según las circunstancias.

La actual crisis institucional recuerda los choques vividos durante 2023 y 2024 entre poderes públicos. En esta ocasión, sin embargo, las acusaciones contra Petro son más graves: sectores independientes y opositores hablan abiertamente de «golpe institucional» o extralimitación presidencial.

¿Hacia dónde evoluciona el conflicto?

Las próximas semanas serán decisivas:

  • Si la Corte Constitucional avala el decreto presidencial antes del 7 de agosto, Petro podrá celebrar la consulta popular y legitimarse ante sus bases.
  • Si falla en contra o surgen más recursos legales ante el Consejo de Estado, el proceso podría paralizarse o derivar en una nueva crisis.
  • El Congreso mantiene abierto un canal alternativo para tramitar reformas laborales menos ambiciosas.

En cualquier caso, este pulso pone a prueba los frágiles equilibrios institucionales colombianos y marca un precedente sobre cómo los líderes latinoamericanos pueden recurrir a mecanismos directos para sortear bloqueos parlamentarios.

El desenlace aún está abierto pero lo cierto es que este ‘decretazo popular’ ya ha dejado huella en la historia política reciente del país andino. La comunidad internacional observa expectante cómo se resuelve este desafío inédito al modelo democrático colombiano.

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