Todos a pillar.
Y de fondo, muy lejos, que el opositor venezolano y los malandrines españoles coinciden en declararse ‘socialdemócratas.
Hoy, 14 de junio de 2025, la política española y la venezolana vuelven a cruzarse en un caso que mezcla intereses económicos, influencia internacional y la compleja red de relaciones entre gobiernos y oposiciones.
Los recientes audios difundidos por la Guardia Civil, recogidos en el llamado caso Koldo, han destapado una operación que va mucho más allá de las habituales tramas de corrupción nacional: implica una oferta de 500.000 euros mensuales en comisiones al exministro José Luis Ábalos a cambio de facilitar un contacto directo entre el presidente Pedro Sánchez y el líder opositor venezolano Juan Guaidó.
En el centro del escándalo está Koldo García, exasesor de Ábalos, quien trasladó a su entonces jefe la propuesta gestionada por el empresario Víctor de Aldama, presunto comisionista investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) en otras tramas vinculadas al sector hidrocarburos.
El negocio, según los audios y documentos enviados al Tribunal Supremo, consistía en intermediar para que una petrolera venezolana —controlada supuestamente por personas cercanas a Guaidó— suministrara crudo a España, con el compromiso de repartir comisiones millonarias si Sánchez aceptaba mantener una conversación con el dirigente venezolano.
La oferta era clara: conseguir que Sánchez hablara telefónicamente con Guaidó, reconocido dos meses antes por España como presidente encargado de Venezuela, para mostrar gratitud y discutir ayudas para los 200.000 españoles residentes en el país latinoamericano. A cambio, la petrolera afincada en Estados Unidos garantizaba un millón de euros mensuales en comisiones, repartidos al 50% entre los intermediarios españoles durante tres años.
Diálogos reveladores y reacciones
Los audios publicados muestran la incredulidad inicial de Ábalos ante la magnitud de las cifras propuestas. Su respuesta —“Tío, te haces unas pajas mentales”— no frenó la insistencia de Koldo García sobre la viabilidad del negocio ni los detalles logísticos del contrato con la petrolera. De hecho, Ábalos llegó a pedir que todo se formalizara mediante un contrato para “asegurarse” de la legalidad del acuerdo.
El trasfondo es aún más relevante si se tiene en cuenta el momento político: era abril de 2019, cuando Guaidó buscaba apoyos internacionales mientras el Gobierno español intentaba mantener un delicado equilibrio diplomático entre reconocer su liderazgo y no romper totalmente con el régimen de Nicolás Maduro.
El papel clave de la oposición venezolana
Para entender el alcance geopolítico del escándalo hay que repasar quién es quién dentro de la oposición venezolana. Juan Guaidó, ingeniero industrial y político nacido en 1983, irrumpió en enero de 2019 como presidente interino autoproclamado tras ser elegido líder de la Asamblea Nacional. Respaldado inicialmente por EE UU, la UE y decenas de gobiernos latinoamericanos —incluido España—, su figura se convirtió en símbolo del desafío institucional a Maduro.
Junto a Guaidó destacan otros nombres relevantes:
- Leopoldo López: mentor político de Guaidó, fundador del partido Voluntad Popular y exiliado en España desde 2020.
- Henrique Capriles: dos veces candidato presidencial opositor, crítico tanto del chavismo como del propio Guaidó.
- María Corina Machado: líder liberal muy activa internacionalmente y actualmente inhabilitada por el régimen chavista.
- Julio Borges: exiliado en Colombia, clave en las relaciones exteriores del bloque opositor.
Esta pluralidad ha hecho que los movimientos internos sean tan complejos como sus relaciones con gobiernos extranjeros. El caso Koldo-Ábalos ilustra hasta qué punto los intereses económicos internacionales pueden intentar aprovechar las divisiones o necesidades estratégicas dentro de la oposición venezolana.
Consecuencias políticas inmediatas
La revelación ha provocado reacciones inmediatas tanto en España como en Venezuela. El Gobierno venezolano ha solicitado una nueva orden de arresto contra Juan Guaidó tras conocerse estos audios, buscando asociar su figura no solo a tramas políticas sino ahora también a supuestos negocios corruptos internacionales.
En España, las formaciones políticas han pedido explicaciones públicas tanto al expresidente Pedro Sánchez como al propio Ábalos sobre su conocimiento o participación en estos hechos. El escándalo añade más presión sobre las investigaciones abiertas acerca del uso irregular de fondos públicos durante los peores momentos de la pandemia.
Claves para entender lo ocurrido
- La comisión ofrecida ascendía a 500.000 euros mensuales durante tres años.
- El negocio requería únicamente que Sánchez hablara telefónicamente con Guaidó.
- La petrolera implicada estaba bajo control indirecto del entorno opositor venezolano.
- Las conversaciones fueron grabadas el 9 de abril de 2019, cuando Guaidó estaba en plena campaña internacional por apoyos.
- El empresario Víctor Gonzalo de Aldama actuaba como intermediario principal.
Perspectivas futuras
El caso ha puesto sobre la mesa cómo intereses empresariales pueden buscar influir en decisiones diplomáticas bajo pretexto humanitario —en este caso, ayuda a españoles residentes en Venezuela— mientras se negocian jugosos contratos petroleros. La investigación judicial sigue abierta y no se descartan más implicados ni nuevas ramificaciones internacionales.
A día de hoy, el bloque opositor venezolano sigue fracturado y con dificultades para articular una estrategia común frente al régimen chavista. Estos hechos pueden debilitar aún más su imagen internacional si no logran deslindarse con claridad del intento de instrumentalización empresarial.
Mientras tanto, el caso Koldo evidencia hasta qué punto los límites entre política exterior e intereses privados pueden diluirse peligrosamente cuando hay millones —y barriles— en juego.
