El gobierno de Donald Trump ha decidido eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para decenas de miles de migrantes originarios de Honduras y Nicaragua.
La medida, anunciada este 7 de julio de 2025, afecta directamente a cerca de 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses que llevan años viviendo legalmente en Estados Unidos bajo esta figura migratoria creada tras el devastador huracán Mitch en 1998.
Estas cifras han sido confirmadas por el propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y suponen un giro radical en la política migratoria estadounidense.
El TPS les ha permitido a estos ciudadanos residir, trabajar y reconstruir sus vidas lejos de la inestabilidad y los desastres naturales que azotaron sus países hace más de dos décadas.
Ahora, con la supresión del programa, enfrentan la amenaza real e inminente de deportación, con solo 60 días para regularizar su situación o abandonar el país una vez la medida entre oficialmente en vigor.
¿Por qué ahora? Antecedentes y contexto político
El TPS es una herramienta extraordinaria que se otorga cuando existen condiciones temporales extremas —como guerras, epidemias o catástrofes naturales— que impiden el retorno seguro a los países de origen. Fue concedido a Honduras y Nicaragua tras el huracán Mitch, que dejó más de 11.000 muertos entre ambos países y desencadenó crisis humanitarias profundas.
Desde entonces, las sucesivas administraciones estadounidenses han renovado periódicamente este amparo. Sin embargo, la política migratoria actual bajo Trump ha priorizado la revisión exhaustiva y eliminación progresiva del TPS para varios países, incluyendo Haití, Venezuela y Afganistán. En palabras de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional: “El Estatus de Protección Temporal fue diseñado para ser solo eso: temporal”, enfatizando que, según Washington, las condiciones que justificaron su creación ya no existen.
La última prórroga del TPS para hondureños y nicaragüenses fue otorgada por la administración Biden por solo 18 meses. Su vencimiento llegó el pasado 5 de julio, dejando a decenas de miles en una situación legal precaria.
¿Quiénes son y dónde están los afectados?
La población protegida por el TPS está compuesta principalmente por adultos que llevan viviendo más de dos décadas en EE.UU., muchos con hijos nacidos allí y redes familiares consolidadas. La mayoría reside en grandes áreas metropolitanas con fuerte presencia centroamericana:
- Hondureños: Aproximadamente 72.000, concentrados en ciudades como Miami, Houston, Nueva York, Los Ángeles y Nueva Orleans.
- Nicaragüenses: Unos 4.000, principalmente localizados en Miami (Florida), Houston (Texas), Los Ángeles (California) y Nueva York.
En términos generales, la comunidad hondureña supera el medio millón en todo el país, mientras que los nicaragüenses rondan los 400.000 según estimaciones recientes del Pew Research Center (2023). Sin embargo, solo una fracción estaba protegida específicamente por el TPS.
Distribución geográfica estimada:
| Ciudad | Hondureños (aprox.) | Nicaragüenses (aprox.) |
|---|---|---|
| Miami | 15.000 | 2.500 |
| Houston | 12.000 | 800 |
| Nueva York | 10.000 | 200 |
| Los Ángeles | 8.500 | 300 |
| Nueva Orleans | 7.500 | – |
Estas cifras ilustran cómo la decisión puede alterar profundamente comunidades enteras —no solo a los directamente afectados sino también a sus familias, empleadores y círculos sociales.
Consecuencias inmediatas: vulnerabilidad e incertidumbre
El fin del TPS implica que a partir del próximo 6 de septiembre —60 días después del anuncio oficial— miles quedarán expuestos a procesos de deportación inmediata o forzados a vivir en la clandestinidad. El DHS ha ofrecido un programa limitado para facilitar retornos voluntarios con una ayuda económica simbólica: solo 1.000 dólares para quienes acepten dejar EE.UU..
La medida llega además en un contexto donde las deportaciones desde Estados Unidos han ido al alza durante los últimos meses:
- Solo en el primer semestre de 2025 se han deportado casi 20.000 hondureños, el 68% desde EE.UU., aumentando un 12% respecto al año anterior.
- Para fin de año se prevé que entre 35.000 y 40.000 hondureños serán expulsados o retornados bajo diferentes modalidades.
Por edades, predominan los adultos jóvenes (21-40 años), pero también hay mujeres y menores afectados directa o indirectamente por estas políticas migratorias restrictivas.
Reacciones: entre la frustración y la resistencia
Líderes comunitarios denuncian que muchas familias “ya hicieron su vida” en Estados Unidos; sus vínculos con Honduras o Nicaragua son ahora lejanos o inexistentes tras más de dos décadas fuera. La imposibilidad legal —y práctica— para acceder a una residencia permanente es señalada como una deuda histórica del sistema migratorio estadounidense.
En respuesta a esta nueva oleada de inseguridad jurídica:
- Organizaciones pro inmigrantes han convocado marchas y asesorías legales urgentes.
- Gobiernos centroamericanos han anunciado planes para facilitar la reinserción económica mediante bonos e incentivos a los retornados.
- El debate político se intensifica ante las elecciones presidenciales estadounidenses próximas, con el tema migratorio ocupando un lugar central en la agenda nacional.
Hacia dónde evoluciona la situación
A pesar del endurecimiento actual, existe presión interna e internacional para buscar soluciones más humanas y estructurales:
- Sectores demócratas abogan por leyes que permitan regularizar permanentemente a quienes llevan décadas integrados socialmente.
- El futuro inmediato depende también del desenlace judicial sobre otras designaciones similares del TPS, así como posibles negociaciones bilaterales entre EE.UU., Honduras y Nicaragua.
Mientras tanto, miles viven estos días con angustia ante la perspectiva realista de perderlo todo: trabajo, hogar e incluso la unidad familiar. Las próximas semanas serán decisivas tanto para las comunidades afectadas como para la política migratoria estadounidense en su conjunto.
