Este viernes, 18 de julio de 2025, la política migratoria de Estados Unidos ha vuelto a situarse en el centro del debate internacional.
La administración Trump ha ejecutado la deportación de cinco inmigrantes –condenados por crímenes graves– a Esuatini, una pequeña monarquía del sur de África sin conexión previa con los expulsados.
Esta medida marca el inicio visible de la doctrina de “deportaciones sin arraigo”, avalada recientemente por el Tribunal Supremo y que permite expulsar a personas a terceros países aunque no tengan allí ningún vínculo personal, familiar ni cultural.
En las últimas semanas, Estados Unidos ha acelerado su política de “deportaciones exprés”.
Ahora, los migrantes pueden ser avisados con apenas seis horas de antelación antes de ser enviados a destinos que ni conocen ni han pisado jamás. Esta política se sustenta en la reciente decisión del Supremo estadounidense, que permite expulsar migrantes a terceros países incluso si estos no garantizan su seguridad o protección frente a torturas y persecuciones.
Solo si el migrante expresa explícitamente temor fundado, en ese corto plazo inicial, puede acceder a una evaluación acelerada sobre su posible protección internacional.
El ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) señala que en circunstancias consideradas “exigentes” por la agencia, los afectados pueden recibir la notificación incluso menos de seis horas antes del vuelo. El objetivo declarado: evitar que los países de origen bloqueen las expulsiones y enviar una señal inequívoca sobre la dureza migratoria estadounidense.
Los perfiles: quiénes son los deportados
El grupo está formado por hombres originarios de Vietnam, Jamaica, Cuba, Yemen y Laos. Ninguno tiene raíces familiares, culturales ni lingüísticas en Esuatini. Según declaraciones oficiales estadounidenses, cuatro están condenados por asesinato y uno por violación infantil; todos habían cumplido largas penas en cárceles estadounidenses pero sus países natales se negaron a readmitirlos tras conocer sus historiales delictivos.
La subsecretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, justificó la medida afirmando que se trata de “monstruos depravados que han estado aterrorizando a nuestras comunidades”. Washington sostiene que estas expulsiones ejemplifican la mano dura migratoria defendida por Trump y su equipo, especialmente tras el giro legal autorizado por el Supremo.
¿Por qué Esuatini? El destino inesperado
La elección de Esuatini como país receptor ha generado perplejidad entre expertos y defensores de derechos humanos. Se trata del último reino absoluto africano, gobernado desde 1986 por Mswati III, donde los partidos políticos están prohibidos y se han denunciado graves represiones contra la disidencia. Con poco más de 1,2 millones de habitantes y recursos limitados, el país nunca había acogido deportados estadounidenses ni tiene acuerdos previos en materia migratoria con Washington.
Según un comunicado oficial estadounidense, el traslado fue fruto de “meses de intensos esfuerzos diplomáticos”, aunque no se detallaron beneficios ni contraprestaciones para el país africano. El gobierno local ha confirmado que los deportados están aislados en instalaciones correccionales y que no representan una amenaza para la seguridad nacional, aunque organizaciones locales han mostrado inquietud por la falta de transparencia y el posible impacto social.
Doctrina “sin arraigo”: fundamentos legales y reacción social
El cambio fundamental reside en la posibilidad legal –confirmada por el Supremo– de deportar a personas hacia terceros países incluso si no existe ninguna conexión previa. Antes del fallo judicial del 23 de junio pasado, una orden federal impedía tales traslados sin aviso ni evaluación sobre miedo creíble o riesgo real para los afectados. Ahora, sólo si el migrante logra expresar fundadamente ese temor en las primeras horas puede suspenderse temporalmente su expulsión para revisar su caso.
Expertos legales y organizaciones humanitarias advierten sobre los riesgos. La rapidez del proceso –seis horas o menos– deja escaso margen para solicitar protección internacional o asistencia legal. Además, enviar personas condenadas por crímenes graves a países frágiles o inestables podría vulnerar normas internacionales como la Convención contra la Tortura.
Impacto internacional: precedentes y posibles consecuencias
- Estados Unidos ya había intentado este tipo de expulsiones hacia otros destinos africanos como Sudán del Sur o Libia en meses anteriores.
- En todos los casos recientes, los países receptores carecen tanto de vínculos previos como de capacidad demostrada para gestionar adecuadamente la integración o custodia segura de estos individuos.
- El gobierno estadounidense evita aclarar si existen compensaciones económicas o acuerdos bilaterales formales detrás del nuevo modelo.
Sociedad civil local e internacional coincide en señalar que esta política podría agravar la vulnerabilidad tanto para los deportados como para las comunidades receptoras.
“Nos preocupa cómo un país tan pequeño podrá gestionar la llegada de personas con antecedentes penales graves”, advierte Ingiphile Dlamini, portavoz del grupo prodemocrático Swalimo.
Mientras tanto, abogados migratorios ya preparan nuevas impugnaciones ante tribunales estadounidenses e internacionales. Cuestionan tanto la falta de garantías legales mínimas como el riesgo real para los derechos humanos básicos.
Perspectiva futura: ¿hacia dónde va esta política?
El caso Esuatini podría marcar un antes y un después en las prácticas migratorias globales. Si Washington consolida esta vía –enviando migrantes “inadmisibles” a terceros países sin vínculos previos– podrían multiplicarse acuerdos similares con otros Estados vulnerables o necesitados. Para muchos analistas internacionales esto representa un giro drástico hacia políticas cada vez más restrictivas y menos garantistas en materia migratoria.
La administración Trump reivindica este enfoque como parte esencial del “Proyecto 2025”, cuya meta es reducir al mínimo cualquier posibilidad legal para quienes hayan cometido delitos considerados “agravados”, incluso si ya cumplieron condena o se enfrentan a riesgos extremos en destino.
La tensión entre seguridad nacional e imperativos humanitarios parece lejos de resolverse. Lo ocurrido esta semana muestra hasta dónde está dispuesto a llegar Washington bajo su nueva doctrina: rapidez extrema, ausencia total de arraigo… y un futuro incierto tanto para quienes son deportados como para las sociedades que los reciben.
