A sangre y fuego, la violencia ha vuelto a colocarse en el centro del escenario colombiano.
Dos atentados casi simultáneos han dejado un saldo trágico de al menos 18 muertos y más de 65 heridos, desatando una nueva crisis nacional que pone en entredicho el rumbo de la política de seguridad del presidente Gustavo Petro.
El país, acostumbrado a lidiar con el conflicto armado, no recordaba una jornada tan oscura desde los peores años del enfrentamiento con las FARC.
El primero de los ataques tuvo lugar en Cali, donde un camión bomba explotó frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.
La detonación causó seis muertos y medio centenar de heridos, muchos de ellos civiles que transitaban por la zona comercial próxima a la base aérea.
Las imágenes posteriores mostraron escenas de caos: cuerpos tendidos en el asfalto, ambulancias y bomberos trabajando contrarreloj para evacuar heridos, y comercios con las vitrinas destrozadas por la onda expansiva.
Horas después, en el noroeste del país, otro golpe sacudió Antioquia: un helicóptero de la policía fue derribado con drones cargados de explosivos, provocando diez policías muertos y varios heridos graves.
A día de hoy, 22 de agosto del 2025, la cifra total confirmada supera los 18 fallecidos y 65 heridos, aunque las autoridades no descartan que el número siga creciendo en las próximas horas debido a la gravedad de algunos lesionados.
🚨Colombia en guerra🚨
Escalada de violencia y horror en Colombia.
En un solo día derriban un helicóptero en zona rural de Amalfi y cometen un atentado en la Escuela de aviación militar en Cali.
NO HAY GOBIERNO. PETRO ES UN INEPTO pic.twitter.com/aVLBTtP8m9
— Santiago Giraldo 🇨🇴 (@SantiGiraldo176) August 21, 2025
¿Quién está detrás? El regreso del fantasma FARC
El presidente Petro apuntó rápidamente hacia las disidencias de las extintas FARC—en particular al frente Carlos Patiño, bajo el mando del alias Iván Mordisco—como responsables tanto del ataque en Cali como del derribo del helicóptero en Antioquia. Según el mandatario, “el terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, supeditadas al control de la junta del narcotráfico”. Los expertos señalan que estos grupos no participaron en el acuerdo de paz firmado en 2016 y han retomado prácticas violentas para ganar control territorial y rutas del narcotráfico.
No es un hecho aislado. En los primeros meses de este año, Colombia ha visto una preocupante escalada: explosiones simultáneas en Cali y otros municipios en junio dejaron varios muertos y decenas de heridos; los secuestros han aumentado hasta niveles inéditos desde hace quince años; y regiones como Catatumbo viven una emergencia humanitaria por enfrentamientos entre disidencias y el ELN.
Un clima político crispado: Petro bajo el foco
Estos atentados han reavivado críticas feroces contra Gustavo Petro, primer presidente colombiano con pasado guerrillero. Sectores políticos conservadores y buena parte de la opinión pública lo acusan de haber debilitado a las Fuerzas Armadas e impulsado una política demasiado blanda con los grupos armados. Desde que asumió el poder prometiendo una “paz total”, Petro ha promovido negociaciones abiertas incluso con bandas criminales ligadas al narcotráfico, otorgando treguas temporales que—según sus detractores—solo han servido para dar oxígeno a los violentos.
Los hechos recientes parecen dar argumentos a quienes hablan ya abiertamente del “desastre Petro”. Los críticos le reprochan haber permitido un reagrupamiento de actores armados bajo el paraguas del diálogo sin condiciones estrictas. Las cifras lo reflejan:
- Aumento interanual del 30% en secuestros durante 2025.
- Más de 100 muertos solo en disputas armadas entre grupos ilegales este verano.
- Expansión territorial visible de disidencias FARC-EMC tras el debilitamiento estatal en zonas rurales.
Muchos alcaldes locales han exigido públicamente la militarización inmediata ante la incapacidad estatal para garantizar seguridad. En Cali, tras el atentado, se decretó ley seca, cierre comercial preventivo y refuerzo masivo del despliegue militar.
Reacciones internacionales y presión interna
La conmoción cruzó fronteras. Gobiernos como el venezolano condenaron “enérgicamente” los atentados, mientras organismos internacionales pidieron respeto a los derechos humanos pero subrayaron la urgencia de restaurar el orden institucional.
Dentro del país, los sindicatos policiales han denunciado falta de equipamiento adecuado para hacer frente a amenazas cada vez más sofisticadas—como drones armados o explosivos improvisados—y exigen recursos inmediatos. El propio presidente reconoció públicamente la necesidad de “revisar estrategias” tras declarar organizaciones terroristas tanto al Clan del Golfo como a las facciones disidentes involucradas.
El futuro inmediato: ¿espiral o punto de inflexión?
El escenario inmediato para Colombia es incierto. Analistas consultados coinciden en que se abre un periodo especialmente delicado:
- Las disidencias parecen tener capacidad logística para perpetrar ataques complejos en áreas urbanas y rurales.
- El Gobierno enfrenta una pérdida acelerada de confianza social.
- Las Fuerzas Armadas están llamadas a endurecer su respuesta mientras persisten las presiones internacionales para evitar violaciones a derechos humanos.
Todo apunta a un endurecimiento temporal del dispositivo militar, aunque sin garantías reales de revertir la tendencia sin cambios estructurales profundos. La “paz total” defendida por Petro está hoy más lejos que nunca, mientras miles de familias colombianas vuelven a temer que lo peor aún esté por llegar.
En Colombia cada jornada puede cambiarlo todo. Esta vez, los atentados han devuelto al país al filo del abismo e interpelan directamente al liderazgo presidencial. La pregunta ya no es solo cómo responderá Gustavo Petro ante esta crisis inmediata; es si su proyecto político sobrevivirá al nuevo ciclo sangriento desatado bajo su mandato.
