El recrudecimiento de la violencia en Colombia ha vuelto a poner en primer plano a las disidencias de las FARC, responsables de los recientes atentados mortales. A día de hoy, 23 de agosto de 2025, el país intenta comprender cómo estos grupos han logrado reorganizarse y aumentar su influencia, mientras la sociedad cuestiona la eficacia de la política de seguridad de Gustavo Petro, el primer ex guerrillero en llegar a la presidencia.
Dos bandos, una guerra renovada
La fragmentación de las FARC tras el acuerdo de paz de 2016 no trajo la paz prometida. Al menos dos grandes facciones de disidentes han asumido el control de regiones clave, alimentando el narcotráfico y la violencia armada. Los recientes atentados, que han dejado 19 muertos, son atribuidos principalmente a:
- El Estado Mayor Central (EMC), dirigido por Iván Mordisco. Controlan corredores de narcotráfico en el sur y oriente del país.
- La Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, con presencia en la frontera con Venezuela y vínculos con carteles internacionales.
Ambos grupos suman miles de combatientes. Se financian del tráfico de cocaína, la extorsión y la minería ilegal. Según analistas, cada uno opera como una estructura militar autónoma, con capacidad para desafiar al Estado y sembrar terror en zonas rurales.
El poder real de las disidencias
Las disidencias no solo han sobrevivido, sino que han crecido. Controlan rutas estratégicas en departamentos como Cauca, Nariño y Putumayo. Sus acciones recientes demuestran:
- Capacidad de coordinar ataques simultáneos y de alto impacto.
- Influencia sobre economías ilegales y comunidades locales.
- Alianzas puntuales con otros grupos armados y carteles mexicanos.
Un dato: el EMC estaría compuesto por más de 3.500 hombres armados. La Segunda Marquetalia, aunque más reducida, tiene mayor experiencia política y contactos internacionales.
El negocio detrás de la violencia
La economía del narcotráfico sostiene a estas organizaciones. En las regiones bajo su control, los cultivos de coca han aumentado pese a los programas de erradicación. En 2024, la producción de cocaína alcanzó cifras récord, según informes de la ONU, lo que refuerza la capacidad de compra de armas y de cooptación social de las disidencias.
Los errores de Petro: un gobierno bajo presión
La política de “paz total” de Gustavo Petro ha recibido duras críticas. Su apuesta por el diálogo y la negociación se ha topado con la falta de reciprocidad de los grupos armados, que han aprovechado los ceses al fuego para fortalecerse. Petro, quien en su juventud fue miembro del M-19, enfrenta acusaciones de falta de firmeza ante los violentos.
Entre los errores más señalados:
- Suspensión de operativos militares en áreas clave, lo que permitió el rearme de las disidencias.
- Falta de una estrategia integral para reducir la influencia del narcotráfico.
- Mensajes ambiguos que, según algunos sectores, han estimulado a los grupos ilegales a desafiar al Estado.
El resultado es un clima de inseguridad que mina la confianza en las instituciones. Las encuestas recientes muestran una caída en la popularidad del presidente y un aumento del pesimismo ciudadano.
Impacto social y político
La violencia ha cobrado la vida de líderes sociales, soldados y civiles. El miedo se ha instalado en regiones enteras, donde la presencia del Estado es escasa. Las comunidades indígenas y campesinas, en especial, sufren desplazamientos y amenazas.
En este contexto, el asesinato del senador Pedro Rojas ha conmocionado al país. Su padre, Alberto Rojas, anunció su candidatura presidencial, prometiendo “mano dura” contra los violentos. Este movimiento podría alterar el tablero político, capitalizando el descontento social y la demanda de seguridad.
¿Qué puede venir ahora?
Colombia se enfrenta a un dilema. Reforzar la estrategia militar o retomar el diálogo desde una posición de mayor fuerza. Las presiones internacionales, especialmente de Estados Unidos, exigen resultados en la lucha antidrogas. Mientras tanto, las disidencias siguen expandiendo su poder.
La sociedad civil pide una respuesta efectiva y rápida. Los expertos advierten que, si no se logra contener a estos grupos, la espiral de violencia puede extenderse a las ciudades. El reto de reconstruir la seguridad y el Estado de derecho parece, a día de hoy, más urgente que nunca.
El futuro inmediato dependerá de la capacidad del gobierno para articular una respuesta coordinada. La carrera presidencial de Alberto Rojas añade una nueva variable al escenario, marcando el inicio de una etapa política donde la seguridad volverá a ser el eje central del debate nacional.
La tragedia de estos días demuestra que la paz en Colombia sigue siendo una meta lejana, y que el país necesita soluciones innovadoras para no repetir los errores del pasado.
