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Texas veta la compra y alquiler de propiedades a ciudadanos de China, Irán, Corea del Norte y Rusia

La nueva ley SB 17 prohíbe a ciudadanos y empresas de cuatro países adquirir o arrendar inmuebles en Texas, con el argumento de reforzar la seguridad nacional

El Capitolio texano, en Austin, con símbolos de España
El Capitolio texano, en Austin, con símbolos de España. PD

A pocos días de su entrada en vigor, la SB 17 ha colocado a Texas en el centro del debate nacional sobre seguridad, inmigración y derechos de propiedad.

El gobernador Greg Abbott ha firmado la que denomina la prohibición más severa de Estados Unidos para mantener alejados a los “adversarios extranjeros”, apuntando directamente a ciudadanos y empresas de China, Irán, Corea del Norte y Rusia.

A día de hoy, 31 de agosto de 2025, la medida ya provoca reacciones encontradas tanto dentro como fuera del estado.

Mientras las autoridades insisten en que el propósito es proteger la seguridad nacional, diversos sectores sociales y económicos advierten sobre el riesgo de discriminación y el impacto negativo para la economía local y la imagen del estado.

 

Texas fue España durante casi 300 años.

Los texanos siempre han estado orgullosos de su pasado hispano En el centro de su capitolio, en Austin, rinden homenaje al «Reino de España», los símbolos de Castilla y la monarquía española. Sin complejos.

En España les llamarían fachas.

Qué establece la SB 17

  • Prohíbe a personas domiciliadas, empresas y entidades gubernamentales de los cuatro países adquirir cualquier tipo de propiedad en Texas: agrícola, residencial, industrial, comercial o vinculada a recursos naturales.
  • Restringe también los contratos de alquiler a menos de un año para los afectados.
  • Excluye de la prohibición a ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanentes y a titulares de visados válidos cuando la compra sea para residencia principal.
  • El fiscal general de Texas tendrá poder para investigar y procesar infracciones, consideradas delito grave, con sanciones civiles que pueden llegar a 250.000 dólares o el 50% del valor de mercado de la propiedad, lo que resulte mayor.
  • Las penas pueden incluir cárcel y la venta forzosa de los bienes adquiridos ilegalmente.

La legislación se apoya en el último Informe Anual de Amenazas de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, que identifica riesgos en áreas como minería, ciberseguridad, espionaje y operaciones de influencia política. El texto legal acusa especialmente a China de utilizar tácticas coercitivas para debilitar la posición de Estados Unidos.

Las autoridades y la seguridad nacional

Desde la oficina del gobernador y los defensores de la ley, la narrativa es clara: la seguridad nacional está en juego. El argumento principal es que permitir el acceso a la propiedad a ciudadanos o entidades de países considerados hostiles supone un riesgo para los activos estratégicos del estado y, por extensión, del país.

En palabras de Abbott, la SB 17 responde a la “creciente preocupación” por la influencia extranjera en sectores clave, sobre todo en tierras agrícolas y recursos naturales. El debate sobre la propiedad extranjera ha cobrado fuerza en los últimos años, con 26 estados que han aprobado restricciones similares desde 2021 y al menos 15 propuestas en trámite a nivel federal.

Polémica y críticas

Sin embargo, el rechazo a la medida también es significativo. Legisladores demócratas, organizaciones de derechos civiles y representantes de las comunidades afectadas han denunciado que la ley puede abrir la puerta a la discriminación, el perfil racial y la xenofobia.

  • El legislador Gene Wu, uno de los principales opositores, ha calificado la medida de “antiasiática, antiinmigrante y específicamente contra los chino-estadounidenses”, advirtiendo que el mensaje que se envía es de exclusión y sospecha.
  • Activistas de la comunidad asiática y organizaciones como Asian Americans Advancing Justice han denunciado que la ley crea una red demasiado amplia que puede poner en riesgo a extranjeros inocentes, y la Alianza de Defensa Legal Chino-Estadounidense ha presentado una apelación por inconstitucionalidad.
  • El sector empresarial advierte sobre el posible efecto disuasorio en inversiones extranjeras, especialmente procedentes de China, que en los últimos años ha sido uno de los motores de crecimiento en Texas. Hay informes de empresas que ya han pausado sus planes de inversión o buscan otros destinos más receptivos.

Las peculiaridades de Texas en el debate nacional

Texas destaca por su tamaño, diversidad económica y peso político. El estado ha sido históricamente un imán para la inversión extranjera, especialmente en sectores como energía, tecnología y agricultura. Esta nueva legislación, la más estricta del país según el propio gobierno estatal, marca un giro significativo en la política de acceso a la propiedad.

  • El informe del Departamento de Agricultura de EE.UU. apunta que, aunque las empresas chinas poseen menos del 1% de la superficie total de tierras en manos extranjeras, la percepción de amenaza ha sido clave para impulsar la legislación.
  • Texas sigue una tendencia que ya se observa en otros estados, pero lo hace de forma más radical, estableciendo sanciones penales y civiles de gran dureza y dando al fiscal general amplios poderes de investigación y ejecución.
  • El contexto texano, marcado por una política conservadora y un discurso de protección de los intereses estatales, facilita la aprobación de leyes de este tipo, a pesar de las advertencias sobre su impacto social y económico.

Perspectivas y evolución

El futuro de la SB 17 es incierto. El debate sobre la propiedad extranjera se recrudece en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes y de polarización interna en Estados Unidos. A corto plazo, la ley entrará en vigor el 1 de septiembre de 2025, pero las apelaciones judiciales y la presión social podrían forzar modificaciones o incluso la suspensión de su aplicación.

Mientras tanto, Texas se convierte en un laboratorio de políticas restrictivas que otros estados observan con atención. El resultado de este experimento legal y social marcará el rumbo de la relación entre seguridad nacional, derechos civiles y desarrollo económico en una de las regiones más dinámicas de Estados Unidos.

El pulso entre seguridad y apertura, tan característico de Texas, está lejos de resolverse. La SB 17 añade un nuevo capítulo a la historia de un estado acostumbrado a estar en el centro de todas las miradas.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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