La relación entre Estados Unidos y Colombia ha entrado en una fase crítica sin precedentes.
Este domingo, el presidente Donald Trump anunció la suspensión inmediata de toda la ayuda estadounidense al país andino, acusando directamente a su homólogo Gustavo Petro de ser un «líder del narcotráfico».
Esta decisión se produce solo unas horas después de que el mandatario colombiano denunciara el asesinato de un pescador en aguas territoriales durante operaciones militares estadounidenses en el Caribe, lo que ha desatado la mayor crisis diplomática entre ambos países en décadas.
En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump fue contundente: «La producción masiva de drogas se ha convertido, sin duda, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo».
No solo suspendió «cualquier forma de pago o subsidio» a Colombia, sino que también amenazó con una intervención militar directa si Petro no cerraba «inmediatamente los campos de exterminio» que representan las zonas de producción de droga.
«Estados Unidos los cerrará por él, y no será bonito», sentenció el presidente republicano, quien además calificó a Petro como «un líder poco reconocido e impopular».
La decisión de Trump supone un golpe devastador para las finanzas colombianas, especialmente para las Fuerzas Militares, que dependen en gran medida del apoyo estadounidense.
Durante más de cuatro décadas, Colombia, principal productor mundial de cocaína, ha sido un pilar fundamental en la estrategia antinarcóticos de Washington, recibiendo miles de millones en ayuda e inteligencia sobre rutas y redes del narcotráfico. La suspensión deja en una situación crítica numerosos programas enfocados en la erradicación de cultivos ilícitos, dejando a Bogotá sin su principal financiador en la lucha contra este flagelo.
La chispa que encendió el fuego
El detonante inmediato de esta crisis fue la denuncia del presidente Petro sobre el asesinato de Alejandro Carranza, un pescador de 40 años originario de Santa Marta, durante operaciones militares estadounidenses en aguas del Caribe. «Funcionarios del gobierno estadounidense han cometido un asesinato y han violado nuestra soberanía en aguas territoriales», escribió Petro en su cuenta de X. Según él, Carranza «no tenía ningún vínculo con narcotraficantes; su única actividad era la pesca».
La embarcación colombiana estaba a la deriva con la señal de auxilio activada al momento del ataque. Un informe del sistema de medios públicos RTVC confirmó que la lancha bombardeada era colombiana, tenía un motor levantado como señal de avería y estaba apagada, presumiblemente en aguas territoriales colombianas. «Estados Unidos ha invadido nuestro territorio nacional; con un misil disparado para matar a un humilde pescador, ha destruido su familia y sus hijos», denunció Petro cada vez más indignado.
El presidente colombiano fue más allá al acusar a Washington por haber destruido una familia pesquera precisamente en Santa Marta, donde próximamente se llevará a cabo una cumbre entre América Latina y Europa. En una alocución televisada, reveló que han recibido denuncias sobre familias locales reportando hijos desaparecidos, posiblemente relacionados con los bombardeos a lanchas.
Una campaña militar sin precedentes
Desde que asumió el poder, Trump ha lanzado una campaña militar sin precedentes en el Caribe cuyo objetivo declarado es frenar el flujo de drogas desde América Latina hacia los Estados Unidos. Sin embargo, aunque desde Washington aseguran que sus operaciones han asestado un golpe decisivo al narcotráfico, hasta ahora no han presentado pruebas concretas que demuestren que las al menos 27 personas fallecidas durante estos ataques estuvieran realmente vinculadas a redes criminales.
El incidente del pescador Carranza se suma a una serie de ataques estadounidenses en aguas del Caribe. El más reciente ocurrió el martes 14 de octubre y resultó en la muerte de seis personas durante un ataque a una embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico cerca de la costa venezolana. Según afirmó Trump, esta acción fue autorizada bajo su papel como Comandante en Jefe y se llevó a cabo en aguas internacionales bajo responsabilidad del Comando Sur estadounidense.
Expertos en derecho internacional advierten que este tipo de ejecuciones sumarias son ilegales incluso si los objetivos fueran narcotraficantes confirmados. Además, Petro recordó que Estados Unidos habría incumplido una resolución adoptada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, impulsada por Colombia, que exige subordinar las políticas sobre drogas al respeto por los derechos humanos. «Asesinato de 27 latinoamericanos; estos últimos seis después de que la Comisión haya aprobado esta resolución presentada por Colombia», expresó el mandatario.
El contexto del narcotráfico colombiano
La acusación lanzada por Trump contra Petro se produce dentro de un contexto especialmente delicado. Colombia es actualmente el mayor exportador mundial de cocaína y el cultivo de hojas de coca alcanzó cifras récord el año pasado según informes proporcionados por las Naciones Unidas. En septiembre pasado, ya había acusado a Bogotá ante la comunidad internacional afirmando que había «fracasado rotundamente» en cumplir sus obligaciones para combatir este problema; aunque entonces emitió una exención temporal a sanciones que podrían haber desencadenado recortes adicionales a la ayuda.
La producción cocainera ha experimentado un notable aumento últimamente coincidiendo con los procesos relacionados con el acuerdo paz con las FARC y la desmovilización posterior. Paradójicamente, estos avances han traído consigo una explosión en cultivos ilícitos dentro regiones previamente controladas por grupos insurgentes ahora disputadas entre disidencias guerrilleras y bandas criminales dedicadas al narcotráfico. La estrategia adoptada por Petro, centrada más bien en promover sustitución voluntaria frente a erradicaciones forzosas y fumigaciones aéreas con glifosato ha sido duramente criticada por sectores opositores quienes lo acusan precisamente por ser demasiado blando ante esta problemática.
La situación se complica aún más debido a estructuras criminales que combinan actividades relacionadas con narcotráfico junto con componentes ideológicos heredados del conflicto armado. Las disidencias tanto del ELN como las FARC controlan extensas zonas cultivadoras especialmente ubicadas dentro áreas como Catatumbo o Amazonía donde resulta complicado distinguir entre motivaciones políticas o meramente criminales.
Deterioro acelerado de las relaciones bilaterales
La crisis actual representa un punto culminante dentro del deterioro acelerado entre Washington y Bogotá. Desde su llegada al poder, Petro ha sido muy crítico respecto al despliegue militar estadounidense dentro del Caribe; pese a los riesgos evidentes que esto implica para sus relaciones bilaterales con Washington —su principal socio comercial y militar— . Más recientemente, además se revocó su visa mientras asistía desde Nueva York a la Asamblea General ONU debido a su participación activa dentro protesta instando soldados estadounidenses dejar seguir órdenes Trump.
El mandatario colombiano también denunció cómo “Estados Unidos ofendió nuestro territorio nacional” pidiendo “levantar espada Bolívar”, haciendo clara referencia antiimperialista latinoamericana. Petro ha indicado además que llevará este caso ante Consejo Seguridad así como Asamblea General ONU para evaluar supuesto desacato normas adoptadas multilateralmente.
Por su parte, Trump también ha intensificado retórica incendiaria calificando ayuda otorgada hacia Colombia como “una estafa prolongada América” asegurando sin presentar evidencias concretas que Petro “alienta fuertemente producción masiva drogas grandes pequeños campos” todo país . La amenaza intervención militar directa marca punto inflexión dramático relaciones bilaterales evocando peores momentos políticas intervencionistas estadounidenses América Latina durante Guerra Fría.
Implicaciones regionales y futuro incierto
La crisis entre Estados Unidos y Colombia tiene implicaciones mucho más allá fronteras ambos países. La suspensión ayuda estadounidense podría debilitar significativamente capacidad Bogotá combatir narcotráfico lo cual paradójicamente podría aumentar flujo cocaína hacia Estados Unidos . Además amenaza intervención militar estadounidense territorio colombiano sin consentimiento gobierno local representa grave violación derecho internacional sentando peligroso precedente otros países región.
El momento actual no podría ser más delicado. Santa Marta —la ciudad donde murió pescador Carranza— se prepara albergar cumbre entre América Latina Europa evento que Petro pretende utilizar consolidar liderazgo regional promover políticas alternativas lucha contra drogas. Crisis Washington podría fortalecer debilitar posición Petro escenario dependiendo cómo evolucionen acontecimientos próximas semanas.
Por ahora Bogotá exige explicaciones formales gobierno estadounidense sobre ataque provocó muerte Carranza dejando claro no tolerará nuevas violaciones soberanía . Washington mantiene postura intransigente exigiendo acciones concretas contra narcotráfico condición restaurar ayuda bilateral. Entre posiciones inflexibles relación atraviesa momento crítico décadas consecuencias impredecibles seguridad regional lucha contra narcotráfico continente.
