La noche del martes, el ejército de Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra una lancha rápida frente a las costas de Colombia.
Este incidente, confirmado por el secretario de Defensa Pete Hegseth, representa el octavo golpe militar en pocos meses dirigido a supuestos narcotraficantes, aunque es el primero registrado en el océano Pacífico.
Las imágenes difundidas muestran la embarcación, cargada con grandes bultos negros, seguida de una explosión que la convierte en cenizas.
De acuerdo con cifras oficiales, al menos tres personas perdieron la vida en este ataque, lo que eleva a 34 el total de víctimas desde que comenzó esta ofensiva marítima.
Las autoridades estadounidenses afirman que estas operaciones buscan detener el flujo de cocaína hacia su país.
Se estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos proviene de Colombia y, según la administración, cada lancha destruida significa salvar “25.000 vidas americanas”.
Sin embargo, la escasez de pruebas sobre la identidad y el contenido de las embarcaciones atacadas ha generado dudas acerca de la legitimidad y efectividad de esta estrategia.
La ofensiva antidroga estadounidense ha aumentado su presencia militar en la región. En el Caribe, cerca de Venezuela, operan alrededor de 10.000 soldados y ocho buques de guerra. Hasta ahora, la mayoría de los ataques se habían concentrado en esa área, donde se sostiene que los cargamentos están destinados principalmente a Europa y no a Estados Unidos. La clasificación de los carteles como organizaciones terroristas ha servido como justificación legal para ampliar el ámbito de las operaciones y utilizar fuerza letal.
Expertos en seguridad y exagentes de la DEA, como Mike Vigil, alertan que estos ataques podrían transgredir tanto el código militar estadounidense como los derechos humanos. La destrucción completa de las embarcaciones impide confirmar si realmente transportaban drogas o si sus ocupantes eran narcotraficantes.
“No hay evidencia de que esas lanchas estuvieran cargadas con drogas, porque fueron destruidas antes de ser investigadas”, denuncia Vigil.
El rostro humano del conflicto: ¿pescadores o traficantes?
Entre los sobrevivientes del último ataque hay un hombre cuya historia complica la narrativa oficial. Aunque tiene antecedentes por delitos relacionados con drogas, su familia defiende que es un pescador atrapado en esta nueva “guerra en el mar” impulsada por el presidente Trump.
“No es un narcotraficante, es un trabajador del mar atrapado en algo mucho más grande que él”, expresa su hermana desde Ecuador.
Este testimonio resalta la dificultad para distinguir entre verdaderos miembros del narcotráfico y civiles arrastrados por circunstancias adversas o simplemente por azar a situaciones violentas. Las familias de los fallecidos y sobrevivientes exigen transparencia y garantías legales. El temor a que pescadores, migrantes o trabajadores ocasionales sean confundidos con delincuentes intensifica la controversia sobre los métodos empleados.
¿Hacia dónde evoluciona la guerra antidroga?
Varios analistas argumentan que destruir unas pocas lanchas no transforma realmente el negocio global del narcotráfico. Las rutas y los actores se adaptan rápidamente mientras que la demanda en los mercados consumidores permanece intacta. La estrategia militar, fundamentada en la fuerza y disuasión, no aborda las causas subyacentes del fenómeno: falta de oportunidades, corrupción y demanda internacional por drogas.
Aunque han aumentado los ataques, hay poca transparencia sobre las víctimas y los resultados. Las autoridades locales en Colombia y Ecuador reclaman investigaciones independientes y mayor cooperación internacional. Organizaciones de derechos humanos denuncian falta de garantías legales y el riesgo de ejecuciones extrajudiciales.
La expansión de la guerra marítima hacia el Pacífico marca un nuevo capítulo en la política antidrogas de Estados Unidos. Aumenta también la presión internacional para demostrar tanto la legalidad como efectividad de estas acciones. Gobiernos sudamericanos expresan su preocupación por cómo esta escalada militar podría afectar a comunidades costeras y pescadores; mientras tanto, organizaciones civiles exigen priorizar soluciones sociales y judiciales.
La administración estadounidense sostiene que esta ofensiva es crucial para proteger a su población. Sin embargo, las críticas tanto internas como externas —sumadas a las dudas sobre los verdaderos objetivos y víctimas— configuran un panorama tenso. La historia del superviviente ecuatoriano presentado como pescador simboliza este dilema: esa frágil línea entre una lucha legítima contra el crimen y el riesgo inminente de dañar irreparablemente a inocentes.
El futuro del enfoque antidrogas dependerá fundamentalmente de cómo los gobiernos logren aportar pruebas concretas, respetar derechos humanos y explorar alternativas más allá del uso exclusivo de la fuerza. Mientras tanto, en las costas del Pacífico y del Caribe, la cotidianidad se ve marcada por miedo e incertidumbre ante una guerra que parece no distinguir entre pescadores inocentes y traficantes.
