Guatemala ha desatado este viernes un golpe demoledor contra el terror pandillero: el presidente Bernardo Arévalo ha inaugurado la construcción de una prisión de máxima seguridad en Izabal, a 290 km al noreste de Ciudad de Guatemala. Esta imponente cárcel, erigida en una hacienda expropiada a un capo del narcotráfico en 2012, albergará a 2.000 reclusos de élite criminal, sobre todo miembros de bandas asesinas que han sembrado pánico con emboscadas mortales y revueltas carcelarias.
En un emotivo acto, Arévalo colocó la piedra fundacional y proclamó que este sitio, antes bastión del crimen que devoraba la paz nacional, se transformará en un escudo blindado para la ciudadanía. «Aquí, donde el dinero sucio robaba nuestra tranquilidad, ahora forjamos la protección que merecemos», sentenció el mandatario, mientras maquinaria pesada ya devora el terreno para culminar la obra en solo un año, a un costo de 130 millones de dólares a cargo de ingenieros militares.
Las autoridades guatemaltecas se desmarcan rotundamente del controvertido «megapenal» salvadoreño de Bukele, ese coloso hacinado con miles de sospechosos bajo un régimen de excepción que ha sido tildado de barbarie por activistas. El ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, enfatizó que las celdas respetarán estándares globales: máximo dos reos por espacio individual, nada de aglomeraciones inhumanas. Su par en Defensa, Henry Sáenz, remachó: «Nuestro enfoque prioriza la dignidad humana, el rigor judicial y el marco legal, sin pisotear derechos en nombre de la seguridad».
El trasfondo es brutal: en enero, la pandilla Barrio 18 desató una ofensiva salvaje que cobró 11 vidas policiales, sumada a oleadas de ataques y sublevaciones en prisiones que han puesto en jaque al país. Esta nueva fortaleza promete romper el ciclo de violencia, devolviendo el control a un Estado decidido a no ceder terreno.
