Cuando un argentino compra una ‘remera’ fabricada en su propio país, está pagando algo que no aparece en la etiqueta pero que explica por qué la misma prenda cuesta el doble que en Chile o en España: impuestos.
Según la Fundación ProTejer, el 50% del precio final de una prenda de ropa producida en Argentina se destina a cargas tributarias nacionales, provinciales y municipales. Un 30% adicional va a alquileres comerciales y gastos financieros en un mercado con tasas de interés históricamente altas. A la industria propiamente dicha le queda el 8%.
La aritmética es brutal: de cada 100 pesos que un consumidor paga en una tienda, 50 se evaporan en impuestos, 30 van a cubrir alquileres y financiamiento, 12 a logística, marketing y márgenes comerciales. El problema no está en fabricar la ropa sino en todo lo que ocurre antes de que llegue al perchero.
El desglose que nadie muestra en el precio
La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) detalla los componentes que hacen imposible competir: 21% de IVA, 1,2% de Impuesto al Cheque, 1,8% de arancel de tarjeta, casi 15% por financiar en seis cuotas y un 15% de alquileres comerciales. Sumado todo, la industria local parte con una desventaja estructural frente a cualquier competidor internacional que no cargue con ese peso.
Las comparaciones con otros mercados son contundentes. Un jean cuesta un 50% más en Argentina que en Estados Unidos y un 34,6% más que en España. Una remera es un 28,6% más cara que en EEUU y un 20% más que en España. El caso más extremo es el de las camisas: son un 85,4% más caras que en el mercado norteamericano y un 68,9% más que en el español.
Un estudio del centro de análisis Fundar concluye que una canasta promedio de ropa es un 40% más costosa en Argentina que en Chile o Brasil. Lo que cuesta 100 pesos en Buenos Aires puede conseguirse por 50 en Santiago. Cada vez más argentinos cruzan la cordillera para hacer la compra de ropa que en su propio país no pueden pagar.
La paradoja del gobierno que libera las importaciones
En ese contexto, el gobierno tomó una decisión que la industria textil vivió como una traición: liberalizó las importaciones de ropa. Ahora permite compras sin aranceles de hasta 400 dólares por envío y elevó el límite general a 3.000 dólares, abriendo las puertas a Shein, Temu, Romwe, ASOS, Boohoo y decenas de plataformas de fast fashion internacional que ofrecen precios con los que ningún productor argentino puede competir.
Shein se ha convertido en fenómeno por su catálogo interminable y sus precios bajos con envío incluido. Temu es una de las aplicaciones más descargadas del momento. Y si el envío no supera los 50 dólares dentro del límite de doce compras anuales permitidas, no hay impuesto adicional. Incluso cuando lo hay, los precios siguen siendo imbatibles para la producción local.
El mismo gobierno que no ha resuelto la carga impositiva que asfixia a la industria nacional ha facilitado el acceso a las importaciones que la dejan sin mercado. La paradoja es perfecta.
Una industria al borde
La industria textil argentina emplea a más de medio millón de personas y opera con una capacidad ociosa del 71%. Eso significa que tres de cada cuatro máquinas están paradas porque no hay demanda suficiente para justificar producir más. Con ese nivel de ociosidad, reducir precios para competir implica directamente poner en riesgo la viabilidad de las empresas.
China representa el 70% de las importaciones de indumentaria, muchas veces con subfacturación y controles insuficientes en frontera. El productor local paga todos los impuestos, el importador informal no paga ninguno. La competencia no es entre empresas: es entre sistemas.
En 2025, los precios de la indumentaria aumentaron un 15,3% interanual frente al 31,5% del índice general de inflación, según el Indec. Esa moderación relativa no refleja una mejora en los costos de producción: refleja una caída del consumo tan severa que la industria no puede trasladar los aumentos sin perder todavía más ventas.
El resultado es el que la lógica indica: una industria bajo presión permanente, consumidores que buscan alternativas fuera del país o en plataformas internacionales y un gobierno que facilita esas compras mientras observa cómo cae la producción nacional.
El 50% que se va en impuestos no aparece en ninguna etiqueta. Pero está en cada precio. Y explica todo.
