El jefe de la CIA, John Ratcliffe, protagonizó una inusual visita a La Habana para sostener conversaciones directas con altos mandos de la seguridad cubana, en un momento marcado por la asfixia energética que golpea a la isla. El encuentro, celebrado en el Ministerio del Interior, se produce tras la reactivación por parte de Estados Unidos de una oferta de asistencia valorada en 100 millones de dólares.
Desde el lado cubano, el diálogo fue presentado como un intento de rebajar tensiones y abrir canales de entendimiento. Las autoridades insistieron en que el país no representa una amenaza para la seguridad estadounidense, al tiempo que defendieron la necesidad de una relación basada en el respeto mutuo.
Sin embargo, desde Washington el mensaje fue más contundente. Fuentes de la CIA señalaron que cualquier avance estará condicionado a cambios estructurales dentro del sistema cubano. La oferta de ayuda, según subrayaron, no es incondicional.
La crisis energética se ha convertido en el telón de fondo de este acercamiento.
La escasez de combustible ha paralizado servicios esenciales: hospitales funcionando a medias, centros educativos cerrados y una administración pública prácticamente detenida. Todo ello, agravado por las restricciones al suministro petrolero que afectan directamente a la isla.
El presidente Miguel Díaz-Canel reaccionó con firmeza: sostuvo que la solución real no pasa por la ayuda puntual, sino por el levantamiento de las sanciones. A su juicio, el bloqueo es el origen del colapso actual.
En la reunión también participaron figuras clave del aparato de poder cubano, incluido el ministro del Interior y responsables de inteligencia, además de Raúl Rodríguez Castro, nieto del exmandatario Raúl Castro. Según fuentes estadounidenses, la delegación llevó un mensaje directo del expresidente Donald Trump, en el que se abordaron temas sensibles como cooperación en inteligencia, estabilidad económica y seguridad regional.
Ambas partes coincidieron, al menos en el discurso oficial, en la necesidad de explorar mecanismos de colaboración entre cuerpos de seguridad, con impacto tanto bilateral como internacional. No obstante, las conversaciones llegan tras meses de estancamiento en las negociaciones previas.
El deterioro de la situación se explica también por la caída del suministro externo de petróleo. Países como Venezuela y México, que históricamente sostenían el flujo energético hacia Cuba, han reducido drásticamente sus envíos tras las advertencias de Washington de imponer sanciones comerciales a quienes mantengan ese apoyo.
Mientras tanto, el debate sobre la ayuda humanitaria sigue abierto. Estados Unidos insiste en canalizar los fondos a través de organizaciones independientes, excluyendo al gobierno cubano, una condición que La Habana observa con recelo. El canciller Bruno Rodríguez dejó claro que la isla está dispuesta a escuchar propuestas, aunque cuestionó la falta de claridad sobre la naturaleza de la asistencia.
En paralelo, nuevos frentes de presión emergen desde Washington. Informes apuntan a que se preparan posibles cargos contra figuras históricas del régimen cubano por el derribo de aeronaves en 1996, un episodio que vuelve a tensar aún más la relación bilateral.
Dentro de Cuba, la crisis ya se siente en las calles. El sistema energético se encuentra en estado crítico, con reservas de combustible prácticamente agotadas. Los apagones se han vuelto habituales, llegando incluso a afectar a todo el país.
La desesperación ha derivado en protestas. En La Habana, vecinos bloquearon calles y prendieron fuego a basura mientras exigían el restablecimiento del servicio eléctrico. En barrios como San Miguel del Padrón, los gritos de “¡Enciendan las luces!” reflejan el hartazgo acumulado.
Díaz-Canel calificó la situación como especialmente tensa y responsabilizó directamente a Estados Unidos, denunciando un endurecimiento sin precedentes de las sanciones en los últimos meses. Desde su perspectiva, la presión económica y energética forma parte de una estrategia deliberada.
En respuesta, el gobierno cubano ha tachado las nuevas medidas estadounidenses de ilegales, en un pulso que, lejos de resolverse, parece entrar en una fase aún más compleja.
