El sobre de PDVSA ha dejado de ser una anécdota en los márgenes del caso Koldo para convertirse en el centro de una batalla judicial que puede tener consecuencias de primer orden para el PSOE y para Pedro Sánchez. Víctor de Aldama sostiene que recibió de Delcy Rodríguez un sobre con documentación relacionada con cupos de crudo venezolano que supuestamente habrían servido para financiar al PSOE mediante una operativa económica vinculada a PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Ese material, según su portavoz Ramón Bermejo, ya obra en poder de la Audiencia Nacional y la Fiscalía tiene conocimiento parcial de su contenido.
La dictadora chavista Delcy Rodríguez ha iniciado los trámites para querellarse contra el nexo corruptor de la trama socialista conocida como el caso Koldo por injurias. Y el empresario, en lugar de echarse atrás, ha anunciado que utilizará esa querella para presentar nueva documentación sobre la presunta financiación ilegal del partido socialista.
Es el movimiento más arriesgado que Delcy podía hacer.
Querellarse contra Aldama en un juzgado español es invitar a que todo lo que sabe, o dice saber, entre formalmente en el expediente judicial con el sello del tribunal. Y el expresidente del Zamora F.C. ha demostrado hasta ahora que cuando abre la boca ante los jueces, lo que dice acaba siendo verificado con una consistencia que sus adversarios encontrarían más tranquilizadora si no fuera tan sistemática.
Ya lo advertía el propio Bermejo a Alfonso Rojo en una entrevista en el plató de Periodista Digital.
El sobre y lo que contiene según Aldama
Lo que el sobre documenta, según Bermejo, son operaciones por hasta 250 millones de dólares provenientes de cupos venezolanos destinados a la Internacional Socialista y al PSOE. El informe incluiría nombres y datos sobre cómo se habrían repartido esos fondos, con Sánchez como cabeza visible de la estructura, Ábalos en un segundo nivel y Zapatero vinculado a operaciones internacionales y conexiones con Venezuela.
Delcy lo rechaza tajantemente, califica las afirmaciones como falsas y dañinas para su honor, y exige retractación pública antes de considerar acciones penales adicionales. Su querella por injurias tiene un acto de conciliación programado para el 16 de julio en Madrid, paso habitual antes de presentar la denuncia formal.
Garzón en escena: el exjuez al servicio de la vicepresidenta chavista
Para gestionar esa estrategia judicial, Delcy Rodríguez ha contratado el despacho dirigido por Baltasar Garzón. La elección no es neutral. Garzón es el exjuez español inhabilitado por el Tribunal Supremo en 2012 que desde entonces ejerce como abogado con una práctica internacional que incluye clientes y causas en América Latina. Su relación con el entorno chavista no es nueva.
Que la vicepresidenta de un Gobierno que España no reconoce formalmente como legítimo haya elegido a un exjuez español con conexiones en el ecosistema de izquierda para combatir a un testigo que apunta al PSOE no es una decisión de agenda. Es una estrategia cuidadosamente calculada. Garzón conoce el sistema judicial español desde dentro, tiene contactos en el mundo político y tiene capacidad para gestionar el impacto mediático de un caso que mezcla petróleo venezolano, corrupción y el partido gobernante.
La respuesta de Aldama: más documentos, no menos
Bermejo ha dejado claro que la querella de Delcy no ha producido el efecto intimidatorio que presumiblemente buscaba. Al contrario: Aldama planea presentarse ante el tribunal con nueva documentación que vincule las operaciones de PDVSA con estructuras económicas ligadas al PSOE, utilizando el propio procedimiento que Delcy ha iniciado como plataforma para ampliar el expediente sobre la presunta financiación ilegal.
«Detrás de ese movimiento no hay ninguna duda de que está el PSOE», ha afirmado Bermejo, sugiriendo coordinación entre la mandataria venezolana y los altos mandos socialistas para frenar el impacto del caso en España.
La estrategia de Aldama incluye llevar al juzgado documentación adicional que vincule las operaciones de PDVSA con estructuras económicas ligadas al PSOE, destacar que sus declaraciones están fundamentadas en informes ya conocidos por la Fiscalía y presentar la ofensiva judicial de Delcy como un intento de silenciar a un testigo incómodo.
El contexto que hace tan explosivo el sobre
Para entender por qué este asunto tiene la dimensión que tiene hay que leerlo en el contexto de todo lo que Aldama ya ha demostrado que sabe.
Fue Aldama quien reveló la red de comisiones del caso mascarillas. El Tribunal Supremo condenó a Ábalos a 24 años y a Koldo a 19 años y ocho meses validando en lo esencial su versión. Fue Aldama quien describió el funcionamiento de la trama del Plus Ultra. Fue Aldama quien habló de los 90.000 euros en efectivo llevados a Ferraz, testimonio corroborado por el chófer que acompañó a Carmen Pano.
Cuando Aldama dice algo ante un juez, la historia ha demostrado que hay que tomarlo en serio. Esa es la razón por la que Delcy ha contratado a Garzón y ha iniciado un procedimiento judicial. Y esa es también la razón por la que ese procedimiento puede producir efectos exactamente contrarios a los pretendidos: en lugar de silenciar a Aldama, puede darle un escenario judicial formal para presentar documentación que hasta ahora solo circulaba en declaraciones públicas.
El PSOE y Venezuela: la relación que nadie quiere explicar
La relación entre el Gobierno de Sánchez y el régimen venezolano de Maduro ha sido objeto de controversia desde el primer mandato. El episodio de Delcy en Barajas, donde la vicepresidenta venezolana aterrizó ilegalmente con 40 maletas en presencia del entonces ministro Ábalos, es uno de los episodios más citados de esa relación. El rescate de Plus Ultra, aerolínea con conexiones venezolanas que recibió 53 millones de euros de fondos públicos en circunstancias que la Audiencia Nacional lleva años investigando, es otro.
El sobre de PDVSA añade una dimensión nueva a esa relación: la posibilidad de que los vínculos entre el Gobierno socialista y el régimen de Maduro no fueran solo diplomáticos o políticos sino también económicos, en la forma de fondos procedentes de la petrolera venezolana canalizados hacia el partido gobernante español.
Esa acusación no tiene todavía verificación judicial independiente. Pero tampoco ha sido desmentida con pruebas. Y Aldama, que hasta ahora ha tenido razón en todo lo que ha dicho ante los jueces, tiene programado presentar documentación adicional ante el tribunal en el mes de julio.
La cita del 16 de julio y lo que viene después
El acto de conciliación del 16 de julio en Madrid es el primer movimiento formal del procedimiento iniciado por Delcy. Lo que ocurra después dependerá en parte de si Aldama y su entorno llegan a esa cita dispuestos a negociar o a escalar el conflicto.
Todo indica que la opción elegida es la segunda. Bermejo ha sido inequívoco: la querella de Delcy no es un obstáculo sino una oportunidad. Una plataforma judicial para presentar documentación sobre la presunta financiación ilegal del PSOE en un contexto en que el tribunal no puede ignorar lo que se le presenta.
El sobre de PDVSA lleva meses siendo una referencia en el debate político español. Pronto puede convertirse en un expediente judicial con documentos adjuntos.
Y cuando eso ocurra, la relación entre Sánchez, Venezuela y el dinero del petróleo tendrá que ser explicada de una forma que hasta ahora el Gobierno no ha tenido que hacer.
