La Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio, URVEX, ha elevado el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a Leopoldo López.
Su presidente, Luis Ortiz, no ha dejado espacio para matices: “Esto no es un trámite administrativo, es un escándalo nacional. Es la confirmación de que en España hay una casta política con privilegios, mientras miles de venezolanos sobreviven atrapados en la burocracia, esperando un papel que nunca llega”.
Ortiz denuncia que mientras madres venezolanas esperan años por asilo y profesionales trabajan en negro sin NIE, López y su entorno acceden a la nacionalidad “como si fuera un trámite VIP reservado a una élite”.
Ortiz acusa a Sánchez de “pagar favores” y señala a Zapatero y al Grupo de Puebla
El líder de URVEX va más allá y apunta directamente a motivaciones políticas detrás de la decisión.
“Esto es un pago de favores bajo la mesa, con el sello de José Luis Rodríguez Zapatero y la agenda del Grupo de Puebla. Aquí no hay humanitarismo, hay complicidad política”, sentencia.
Ortiz acusa a López de formar parte de una “oposición funcional” que, según afirma, ha servido para contener cambios reales en Venezuela: “No estamos hablando de un perseguido más. Estamos hablando de un politiquero de oficio que ha vivido cómodamente mientras el pueblo venezolano sufre”.
URVEX exige cuentas: “López debe responder por Monómeros, CITGO y el interinato”
Uno de los puntos más duros de la denuncia se centra en las cuentas pendientes que, según URVEX, rodean a López.
“Antes de recibir honores y un DNI exprés, Leopoldo López tiene que rendir cuentas. Debe responder por los escándalos de Monómeros, CITGO y todo lo que ocurrió durante el interinato”, afirma Ortiz.
En el caso de Monómeros, recuerda que el exembajador Humberto Calderón Berti acusó directamente a López y a su madre, Antonieta Mendoza de López, de presuntas irregularidades en el manejo de fondos.
Asimismo, vincula estas responsabilidades con el entorno del interinato liderado por Juan Guaidó.
“Hay demasiadas preguntas sin responder. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién rindió cuentas? ¿Quién auditó esos recursos?”, cuestiona.
“Esta nacionalidad exprés busca blindarlo ante investigaciones en EE.UU.”
Ortiz lanza una de las acusaciones más graves: “La nacionalidad española no es casualidad. Es un blindaje. Es una maniobra para protegerse de las investigaciones que se van a abrir en Estados Unidos sobre estos fondos”.
Según el dirigente, existen indicios de que López tendría “vinculación directa” en estos procesos junto a otros actores del interinato.
“Lo que estamos viendo es un intento de construir un escudo político y jurídico antes de que estalle la verdad”, advierte.
URVEX carga contra el PP y denuncia un “teatro político” en España
Las críticas también alcanzan al Partido Popular y al Parlamento español.
“El PP habla de libertad, pero calla ante estos privilegios. Son cómplices por omisión. Esto es un teatro donde los apellidos valen más que el sufrimiento de mucho más de 200.000 venezolanos”, denuncia Ortiz.
Para URVEX, el sistema actual discrimina abiertamente al migrante común frente a las élites políticas.
El exilio rompe y amenaza con movilizaciones
El malestar ya se siente en las comunidades venezolanas en España. Según Ortiz, la indignación podría traducirse en protestas en los próximos días.
“Esto es un insulto al venezolano que huyó con una mano delante y otra detrás. No somos súbditos de una élite opositora. Exigimos igualdad ante la ley”, afirma.
Conclusión: “España convierte la nacionalidad en un instrumento político”
Ortiz cierra con una acusación directa al Gobierno español:
“Han convertido la nacionalidad española en un cromo de intercambio político. Mientras Leopoldo López celebra, miles de venezolanos viven con miedo a ser expulsados o rechazados. Esto es una estafa moral y política”.
Para la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio, el mensaje es claro: “España hoy no premia el mérito ni protege al perseguido. Protege a quienes son útiles para sus intereses. Este Gobierno socialista ha convertido a España en un santuario de delincuentes y en una plataforma para el lavado de dinero”.
