«Lo bueno de las hemerotecas es que en ellas queda todo lo que se escribe»
Enric Bastardes, secretario de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), le recuerda al director de El Mundo, Pedrojota Ramírez, que las palabra escrita perdura.
Y lo hace en una carta enviada al diario:
Sr. Director:
Lo bueno de las hemerotecas es que en ellas queda todo lo que se escribe en la prensa; pero también son la prueba de los sorprendentes cambios que se producen cuando alguien defiende una cosa y, años después, dice justo lo contrario. En EL MUNDO les ha pasado esto.
En diciembre de 1990, su diario aprobó un Estatuto de Redacción «para garantizar la independencia del periódico». En él se crea un Consejo de Redacción, que debía ser escuchado cuando se produjeran cambios en la línea ideológica o en el capital y que consultaría a la redacción los nombramientos del director y de otros cargos, aunque esta opinión no fuera vinculante.
Esas mismas competencias son las que se atribuyen, en el proyecto de Ley de Estatuto del Periodista Profesional, a los Comités de Redacción. ¿Por qué lo que hace 15 años era una «pieza clave» para garantizar la independencia de su periódico se convierte, ahora, en un órgano «encargado de fiscalizar los nombramientos de responsables, la organización de la Redacción y la línea editorial», como señala su editorial del 6 de octubre?
Tres aclaraciones respecto a ese editorial:
1.- En la exposición de motivos del proyecto de Estatuto del Periodista queda bien claro que su objetivo es garantizar la independencia de los periodistas para que hagan realidad el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz. Es difícil entender por qué considera este propósito como «un retorno a la visión franquista de la profesión periodística» cuando es el mismo que defiende el Estatuto de Redacción de EL MUNDO.
2.- En el futuro Consejo Estatal de la Información no tendrán «una muy minoritaria presencia» los periodistas y las empresas de comunicación: entre sus 22 miembros habrá ocho periodistas, cuatro representantes de empresas y cuatro de centrales que, naturalmente, pertenecerán a sindicatos o agrupaciones de periodistas y no a las de pesca o metal. Una amplia mayoría, que se completa con dos juristas y cuatro representantes de las asociaciones de consumidores, radioyentes o telespectadores porque son precisamente los receptores directos de la información.
3.– Lo que usted llama tribunal de honor es una Comisión Deontológica, como la que existe en la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, por ejemplo.
Si lo que le preocupa es el carné de periodista, sepa que en el proyecto queda meridianamente claro que no se exige tener un título para ejercer el periodismo.
¿Le parece bien, señor director, que los periodistas a la pieza, los colaboradores o los informadores extranjeros tengan garantizados sus derechos? ¿Cree que la profesión de periodista debe ser incompatible con la actividad publicitaria o la condición de juez o policía? ¿Es necesario regular derechos y deberes de los periodistas como el secreto profesional, el acceso a las fuentes o la obligación de difundir información veraz?
Esto, entre otras cosas, es lo que se regula en el proyecto de Estatuto. Sepa, además, que el texto ha sido redactado por el Foro de Organizaciones de Periodistas, en cuyos debates participó la FAPE desde el principio hasta que fue aprobado, a pesar que su actual presidente, Fernando González Urbaneja, diga ahora lo contrario. Las hemerotecas le desmienten. El Parlamento puede y debe corregir los errores.
Finalmente, señor director: si dice que un texto debatido y elaborado por la FAPE, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), los dos únicos colegios de periodistas de España –Cataluña y Galicia–, CCOO y UGT es volver al franquismo y un intento de control político es porque no lo ha leído o, si lo ha hecho, por otros intereses que se me escapan.
Enric Bastardes
Secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)
Esta carta vino motiva por un editorial de El Mundo titulado «Un estatuto aún más inconstitucional»:
Será una mera casualidad, pero desde ayer mismo se está empezando a debatir en el Congreso de los Diputados un Estatuto que no es el de Cataluña y que llega cargado de todavía más estigmas de presunta inconstitucionalidad que un texto catalán con el que rivaliza a disparates. Se trata del proyecto de Estatuto del Periodista Profesional, presentado hace ya año y medio por Izquierda Unida y apoyado inicialmente por el PSOE. Largamente paralizado en algún cajón de la Cámara, el proyecto que inicia al fin su andadura en la Comisión Constitucional supone un retorno a la visión franquista de la profesión periodística, corregida y agravada con dosis pseudoprogresistas de aquel Nuevo Orden Mundial de la Información con el que la Unesco pretendió antaño embridar el periodismo.
El proyecto prevé un Consejo Estatal de la Información, órgano formado por votación del Congreso y en el que habría una muy minoritaria presencia de periodistas y empresas de prensa. Este Consejo -o sus equivalentes en las comunidades autónomas que los creasen- expediría los carnés de prensa necesarios para ejercer el periodismo, y un tribunal de honor bautizado Comisión Deontológica podría retirárselos a los profesionales a los que considerase infractores de un Código Deontológico de obligado cumplimiento.El proyecto también crea por ley Comités de Redacción para todas las plantillas con más de ocho periodistas, encargados de fiscalizar los nombramientos de responsables, la organización de la Redacción y la línea editorial del medio.
El control político y la burocratización que introducen estas propuestas a través de la reinvención del carné de prensa y de la facultad de acallar a los periodistas mediante su retirada, son tan evidentes como los mecanismos de intromisión en la libertad de empresa que se crean a través de esos comités redaccionales impuestos, cuando siempre deberían funcionar de forma libremente pactada en cada medio.
La figura del tribunal de honor, aunque se escude tras la apariencia de una Comisión Deontológica, es abiertamente inconstitucional.Y los controles, las exigencias incluso, impuestos a los periodistas chocan frontalmente con el artículo 20 de la Constitución, que -recordamos para olvidadizos- establece el derecho «a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción», sin «ningún tipo de censura previa». Es decir: lo fundamental en nuestra democracia, como en todas las de Occidente, es la libertad de expresión para todos -y no sólo para los privilegiados titulares de un carné o patente-, y para los abusos que a través de ella se cometan ya está el Código Penal con los delitos de injurias o calumnias.
Es bien triste ver a IU, antaño tan comprometida con todas las libertades, avalando hoy un proyecto centrado en el control político de los medios a través de una red de comisarios y censores.
El diario ABC también ha editorializado sobre el proyecto de Estatuto del Periodista con un titular que no dejar margen para la interpretación: «Ningún estatuto del periodista»
La profesión periodística no necesita ningún Estatuto, por mucho que algunos, fieles a esa visión intervencionista de la sociedad que les caracteriza, se empeñen en sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados.
La semana pasada empezaron las comparecencias de los expertos citados por la Comisión Constitucional para informar sobre el texto, impulsado por Izquierda Unida y admitido en la Cámara gracias al apoyo del PSOE.
A continuación serán discutidas las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. El proceso de tramitación, que se prevé largo y conflictivo, llevaba casi un año paralizado. El proyecto ha merecido con toda razón críticas desde muy distintos sectores sociales y profesionales.
Tratándose de un texto que afecta a la profesión periodística, ABC se siente autorizado a criticar la esencia de un proyecto con ribetes estalinistas. Nuestra posición es clara, contundente y sencilla.
Por supuesto, rechazamos el texto presentado, pero también cualquier alternativa de la misma naturaleza que se pudiera elaborar. Simplemente negamos la necesidad de ningún Estatuto para la profesión periodística, aunque es cierto que el presentado resulta especialmente rechazable por su intervencionismo y su aversión a la libertad.
Toda regulación legal de este tipo representa una indeseable intervención del poder político sobre la actividad profesional, en este caso, de los periodistas, y resulta siempre lesiva tanto para la libertad de informar como para el derecho a recibir información.
Sobre todo porque subvierte gravemente la filosofía democrática: son los medios de comunicación los que cumplen el papel de controladores del poder, nunca al revés. Cualquiera que conozca la hipersensilidad con la que la clase política en general trata los asuntos periodísticos y el interés que demuestra por controlar la información podrá hacerse una idea de lo que supondría un Estatuto de esta naturaleza.
El texto presentado en el Parlamento extrema los males intervencionistas y lesiona profundamente los derechos de las empresas periodísticas. Impone la acreditación mediante el correspondiente carné, expedido por el Consejo Estatal de la Información o sus equivalentes autonómicos, que deciden quién es periodista y quién no, algo que no corresponde determinar ni siquiera a los profesionales de la información.
El texto contiene, además, un código ético que recuerda peligrosamente a los tribunales de honor. Las violaciones graves de estos deberes éticos por parte de las empresas pueden acarrearles sanciones con multas que pueden llegar al 1 por ciento de sus beneficios netos.
En caso de reincidencia, la sanción puede aumentar hasta alcanzar el 10 por ciento. Por lo demás, la composición del Consejo Estatal se encuentra fuertemente mediatizada por el poder político e incluye a representantes de sectores alejados de la profesión periodística.
Casi la totalidad de sus integrantes son designados por mayoría de dos tercios en el Congreso y el Senado. No es difícil imaginar las consecuencias de la existencia de un órgano político encargado de velar por el cumplimiento de los deberes establecidos en el código ético y de castigar a las empresas infractoras, vigilando la fidelidad de sus respectivas líneas editoriales al cumplimiento de los deberes éticos.
También establece criterios asamblearios en el funcionamiento de los comités de Redacción. Su contenido, por otra parte, afecta a derechos constitucionales y a leyes orgánicas en vigor.
En suma, se trata de un proyecto más propio de regímenes totalitarios que de países que, como España, son democráticos y reconocen y garantizan las libertades de información y de expresión.
Regula mal muchas cosas que no deben ser reguladas, ni siquiera bien. Existen casos, como éste, en los que todo intervencionismo es ilegítimo. En el mejor de los casos incurrirá en un indeseable paternalismo; en el peor, provocará la muerte de la libertad de información.
El texto lleva el sello ideológico indeleble de Izquierda Unida y de su concepción controladora. La información sometida al poder político deja de serlo para convertirse en propaganda y manipulación.
Pero este texto no merece ser criticado sólo por estos excesos, sino por su propia naturaleza, hostil a la libertad. No es necesario un Estatuto del Periodista. Ni éste, ni ningún otro.
El código ético puede ser sustituido, con ventaja para la libertad, por las normas jurídicas vigentes, incluido, por supuesto, el Código Penal, y por la autorregulación de los profesionales.
Ir más allá sólo puede conducir a los intentos orwellianos de controlar políticamente la información. Otra cosa es la regulación concreta de algunos asuntos, como el secreto profesional o la cláusula de conciencia.
Un proyecto legal de naturaleza totalitaria que aspira a «sovietizar» el ejercicio de la profesión periodística no merece sólo ser reformado profundamente en su tramitación parlamentaria, sino que debe ser rechazado en su totalidad.
