Adrián Ramos e Israel Cuchillo (Periodista Digital).- La Ley de la Comunicación Audiovisual de Cataluña, conocida como ley mordaza porque permite a la Generalitat cerrar un medio de comunicación si consideran que es «inveraz», sigue alimentando dudas en los ámbitos jurídicos. Para la profesora de Derecho de la Información Ana Azurmendi.
Exigir veracidad en las informaciones es algo estupendo, que además está regogido en la Constitución, pero lo lógico es que ese control sea jurisdisccional y no administrativo. Para el ciudadano es una garantía que la protección de un derecho fundamental, como lo es el de la información, recaiga en la justicia. Con el control administrativo podemos caer en el riesgo de la mordaza.
La Ley fue aprobada por el Parlamento catalán el 20 de diciembre con el voto en contra del Partido Popular y publicada el 3 de enero de 2006 en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC). Da poder al Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) para sancionar con multas de hasta 300.000 euros –el mínimo es de 90.001 euros– a los medios de comunicación e incluso a suspender las actividades durante tres meses.
El texto habla de información veraz de distinguir claramente entre opinión e información, en el respeto a la dignidad, no incitación al odio por motivos de religión, difusión de publicidad subliminal, entre otros.
PERIODISTA DIGITAL ha recabado la opinión de expertos y afectados:
Dolores Comas, diputada por ICV en el parlamento catalán – «Es una anomalía que España no tenga un Consejo Audiovisual»
Santiago Rodríguez, diputado por el PP en el parlamento catalán – «Las sanciones y suspensiones coartan la libertad de expresión»
Dardo Gómez, presidente del sindicato de Periodistas de Cataluña – «La capacidad sancionadora del CAC no es nueva en Europa»
Eugeni Sallent, director de RadioCat (3ª emisoras por oyentes de Cataluña) – «Hasta la fecha no tengo quejas del CAC»
Los periodistas opinan sobre el Consejo Estatal Audiovisual: «Algunos sufrimos la ley Fraga; ¡Ahora nos toca la ley Montilla!»
Urbaneja apela al Tribunal Constitucional para echar abajo el CAC
