Los periodistas europeos, contra la ley audiovisual catalana (CAC)

Los periodistas europeos, contra la ley audiovisual catalana (CAC)

Adrián Ramos (PD / Agencias).- El Instituto Internacional de Prensa (IPI) y la Asociación Mundial de Periódicos (WAN) han pedido a Maragall y al Parlamento de Cataluña que «restrinjan las facultades sancionadoras» del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), ya que suponen «un retorno a épocas pasadas de censura y represión».

IPI y WAN, los dos principales instituciones de libertad de prensa en Europa, quieren que el Gobierno catalán quite capacidad sancionadora al CAC.

La semana pasado el Comité Mundial de Libertad de Prensa (WPFC) exigió a las autoridades catalanas que desistiera de tratar de retirarle a la Cope sus licencias de emisión en Cataluña

En Viena, Johann Fritz, director del IPI -que reúne a directores y responsables de medios del mundo entero-, escribe en sus misivas a Pasqual Maragall y Ernest Benach:

«Se nos ha informado de que la nueva ley otorga al Consejo una amplia discrecionalidad para determinar lo que es verdad y lo que no lo es. Tal y como establece el preámbulo de la ley, existe un ‘derecho de los ciudadanos de Cataluña a disponer de un sistema audiovisual que refleje su realidad inmediata a partir de formas expresivas vinculadas a su abanico de tradiciones, a su entorno simbólico’»

Parece que el CAC ha recibido ahora de la mayoría parlamentaria poderes punitivos para silenciar voces críticas

El IPI cree que los amplios poderes de censura del CAC no tienen equivalente alguno en Europa occidental»

Gavin O’Reilly, presidente de la WAN, con sede en París, y George Brock, presidente de su filial el Foro Mundial de Directores -organismos que agrupan a 18.000 periódicos de 102 países, 11 agencias de noticias y nueve grandes grupos de prensa- solicitan que «el Parlamento de Cataluña observe en el futuro las normas internacionales sobre libertad de expresión» y retire al CAC su capacidad censora.

La misiva a Maragall afirma:

«Le recordamos con todo respeto que el Consejo no es un tribunal de Justicia, sino un organismo político controlado por la mayoría gobernante del Parlamento de Cataluña. Sus facultades censoras recién adquiridas y de gran alcance no tienen parangón en las democracias modernas de Europa occidental».

La WAN y su Foro de Directores se ocupan de forma extensa del informe contra la Cope emitido por el CAC y de las amenazas vertidas contra la cadena de la Conferencia Episcopal:

«Sentimos una honda inquietud ante la creación de un órgano político como el mencionado, al que se le otorgan facultades para amordazar y destruir toda voz crítica. Observamos que no se ha presentado contra la Cope ninguna querella por difamación en la última década, lo que indica a las claras su observancia de las normas legales nacionales.

Estamos enormemente preocupados por que se haya instaurado un sistema al margen de los tribunales y bajo control político con el objetivo (manifestado sin ambages por algunos de los que lo han propuesto) de eliminar de las ondas las opiniones críticas de la Cope.

La Cope, cadena conservadora que defiende con absoluta firmeza la unidad territorial de España, ha criticado con vehemencia las iniciativas para otorgar a Cataluña un nuevo Estatuto de cuasiindependencia. Los partidos nacionalistas que forman parte de la coalición que gobierna Cataluña han calificado a la Cope de ‘cadena del odio’ y han encabezado los esfuerzos por eliminar a esta cadena de las ondas de Cataluña».

Le recordamos con todo respeto que el cierre de la Cope constituiría una violación manifiesta del derecho a la libertad de expresión, que está garantizado por numerosas convenciones internacionales, entre ellas, la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 19 de la Declaración dispone: ‘Todo el mundo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencias y de buscar, recibir y transmitir información e ideas a través de cualquier medio, con independencia de fronteras’».

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PERIODISTA DIGITAL ha recabado la opinión de expertos y afectados

Dolores Comas, diputada por ICV en el parlamento catalán – «Es una anomalía que España no tenga un Consejo Audiovisual»

Santiago Rodríguez, diputado por el PP en el parlamento catalán – «Las sanciones y suspensiones coartan la libertad de expresión»

Dardo Gómez, presidente del sindicato de Periodistas de Cataluña – «La capacidad sancionadora del CAC no es nueva en Europa»

Eugeni Sallent, director de RadioCat (3ª emisoras por oyentes de Cataluña) – «Hasta la fecha no tengo quejas del CAC»

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