Felipe Valdés (Periodista Digital)-. El semanario Alba recoge en sus páginas la noticia de un curioso lanzamiento editorial, el de un libro que se enfrentaba a la candidatura de Madrid para albergar las Olimpiadas del año 2012:
“Madrid no se merece unos Juegos Olímpicos”. Ésta es la hipótesis de partida que toma el libro publicado en Cataluña No a Madrid 2012. Lo ha editado Ara Llibres, la misma editorial que ha sacado a la luz Las barbaridades de la COPE. Que Madrid es musulmana, casposa, imperialista y envidiosa son algunas de las conclusiones que se extraen tras la lectura del libro.
Además de este tema, el semanario trata otros asuntos como el informe realizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que alerta sobre la inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña y que aún no ha sido aprobado en el Pleno del CGPJ, pero sí en comisión.
Su ponente ha sido José Luis Requero y el texto supone un varapalo jurídico al proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Una de las conclusiones a las que ha llegado el informe tras estudiar la propuesta salida del Parlamento catalán es su “Inconstitucionalidad desde el momento en que regula el sistema de gobierno de un Poder del Estado que es único, de ámbito nacional y exclusiva titularidad estatal”.
Otro de los principales temas que presenta Alba son los graves daños a familia española que se perciben en los últimos datos estadísticos: el aumento acelerado de las rupturas matrimoniales y del aborto, el envejecimiento de la población –motivado por la menor natalidad- y la falta de sensibilidad del Estado ante éstos y otros graves problemas son algunos de los asuntos que quedan patentes en un informe del Instituto de Política Familiar.
Además, Alba se hace eco la petición de las familias numerosas de que se les tenga en cuenta: tanto este colectivo como algunas asociaciones de consumidores protestan por el aumento de las tarifas eléctricas, un tema en el que una vez más el Gobierno no sólo no hace nada por beneficiarlas sino que las margina.
Según éstas, lo que el Ejecutivo califica como derroche es un consumo normal para una familia con tres o cuatro hijos. Para una familia de cinco hijos es habitual consumir hasta el doble de los kilovatios que el Gobierno considera como derroche.
A partir de estos kilovatios (650) se penalizará a los hogares con 1,3 céntimos por cada kilovatio de más que se gaste.
