La Ley de RTVE, orientada a garantizar la independencia

(EFE / PD).- La ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, aprobada este jueves por el Congreso de los Diputados, reestructura RTVE para la mejora de su gestión económica, garantiza la independencia y refuerza el papel del Parlamento, y mantiene la función de servicio público.

Esta nueva norma tiene como punto de partida el informe del Comité de Expertos sobre la reforma de los Medios de Comunicación Públicos, aunque se han introducido algunas modificaciones, si bien recoge sus principales planteamientos. La reforma de RTVE se completa, junto a esta ley, con el Plan de Saneamiento, cuyas negociaciones retomarán a partir de mañana la SEPI y la dirección de Radiotelevisión Española con los sindicatos.

La ley establece un mecanismo de financiación estable, que se adecua a los principios comunitarios; en la actualidad, la deuda de RTVE supera los 7.500 millones de euros. Esta nueva normativa acaba con el actual régimen jurídico del Ente Público RTVE como organismo público del Estado y crea la Corporación RTVE, con carácter de sociedad anónima pública, con capital íntegramente estatal y autonomía de gestión, sometida al control del Parlamento y del nuevo Consejo de Medios Audiovisuales.

El modelo económico planteado por el Gobierno para RTVE asume las líneas generales las conclusiones recogidas en el informe del comité de expertos, financiación combinada de fondos públicos y comerciales, y un acceso menor al mercado publicitario.

La subvención pública se concretará mediante un contrato programa de RTVE con el Estado revisable cada tres años que establecerá una contraprestación por las actividades de servicio público de la televisión pública y prevé eliminar el aval ilimitado del Estado y poner fin a su endeudamiento. El modelo propuesto por el ejecutivo prevé la creación de un Consejo de Administración independiente integrado por diez miembros (el comité de expertos proponía cinco) que nombrará al director general.

El Congreso y el Senado elegirán a cuatro consejeros respectivamente y los dos restantes serán elegidos por el Congreso a propuesta de las principales organizaciones sindicales.

Los candidatos propuestos necesitaban inicialmente una mayoría de dos tercios para su elección, pero esta norma fue enmendada en el Senado, y se aprobó una regla denominada «antibloqueo», de manera que en el caso de que en la primera designación de los consejeros y el presidente de la Corporación de RTVE no se alcanzase esa mayoría en dos meses, se pueda proceder a la elección por mayoría absoluta.

La ley incluye la constitución de consejos informativos dentro de Televisión Española y de Radio Nacional de España como medio de participación de los profesionales y el establecimiento de un consejo asesor que presentará propuestas al Consejo de Administración. En el Senado también se aprobaron otras dos enmiendas, una de ellas señala que la Corporación RTVE contará con la estructura territorial necesaria para atender las prestaciones de servicio público, proveer de contenidos regionalizados a la realidad estatal y contribuir al desarrollo de la cohesión interterritorial, atendiendo al hecho insular y regiones ultraperiféricas.

Otra enmienda introducida en la Cámara Alta recoge que RTVE no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos e impulsará la producción propia. En cuanto a los cometidos de servicio público, la ley promueve la participación democrática mediante el ejercicio del derecho de acceso; el apoyo a la integración social de las minorías; el fomento de la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer y la preservación de los derechos de los menores.

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