Demolición de un periódico venezolano por estar en zona verde

Demolición de un periódico venezolano por estar en zona verde

(PD).- Tras una investigación de por lo menos dos meses, representantes del Consejo Legislativo del estado Bolívar en Venezuela produjeron un informe que sugiere el desalojo y posterior demolición del edificio donde funciona el diario Correo del Caroní por estar construído en terreno público.

Las recomendaciones se dan tras denunciar la supuesta ocupación de terrenos destinados para áreas verdes en el sector Villa Colombia de Ciudad Guayana. El informe se originó ante la supuesta denuncia de dos vecinos de la zona, de la ocupación ilegal de terrenos, lo que permitió la investigación y reciente pronunciamiento sobre la posible demolición del edificio que alberga este diario.

El planteamiento hecho por los diputados del Consejo Legislativo Regional, hace alusión a la necesidad de desalojar la sede, sancionando así el delito de compra-venta, establecido hace más de 20 años, lo que según los diputados podría culminar con la orden de demolición de la sede ocupada.

En este informe se plantea que una vez sancionado el delito de compra y venta se debe ordenar la demolición de lo que se construyó ilegalmente, dijo Carlos Rojas, diputado del CLEB. Entre las aseveraciones planteadas por el diputado se dejó escuchar la invitación a las autoridades municipales de Caroní para asumir la posibilidad de revocar la patente editorial.

El informe emanado de las autoridades legislativas regionales no tendrá valor ni sustento hasta que no sean vecinos o afectados los que hagan formal la denuncia ante los organismos con competencia urbana o Ministerio Público.

«Ante la suficientemente probada legalidad de esta propiedad, optan por salidas políticas, sin ningún tipo de asideros legales»

comentó el jefe de Información del rotativo regional, Robinson Lizano, explicando la situación desplegada a partir de la supuesta denuncia de vecinos de la zona, ante la necesidad política de silenciar al Correo del Caroní.

«Nosotros no hemos sido informados del supuesto resultado de las investigaciones, la información que manejamos se produjo en una rueda de prensa a la que no fuimos invitados»

dijo Lizano, mostrando confianza en la legalidad que ampara la compra de los terrenos donde funcionan.

Asegurando que no existe razón legal que garantice las sugerencias provenientes del CLEB, Lizano, enfatizó que sabe que se encuentra ante:

«Una medida ilegal como muestra del atropello a la libertad de expresión».

En su edición de este viernes este diario informa del suceso:

La mayoría emeverrista del Consejo Legislativo del estado Bolívar aprobó el informe presentado por la Comisión Especial designada para investigar:

«La situación jurídica de los bienes inmuebles donde funciona la empresa Editorial Roderick, C.A.»

en el que se exhorta a la Alcaldía del municipio Caroní a iniciar de manera inmediata el procedimiento administrativo de desalojo y demolición de la sede de este medio de comunicación, así como el retiro de la patente de comercio. El encargado de presentar el informe, el diputado Carlos Adenolfo Rojas Cova, afirmó que:

«Las decisiones del Consejo Legislativo del estado Bolívar son institucionales, pero revisten características políticas, porque estamos facultados para exhortar a que se corrijan las situaciones que están dentro de una desviación».

Despúes de una discusión que se prolongó durante dos horas, el Consejo Legislativo del estado Bolívar aprobó por mayoría y por votación nominal, la admisión del informe presentado por la Comisión Especial designada para investigar el caso relativo a la situación jurídica de los bienes inmuebles donde funciona la empresa Editorial Roderick, C.A.

Carlos Adenolfo Rojas Cova, presidente de la Comisión Especial designada en sesión ordinaria de cámara el pasado 14 de marzo, luego de que José Celestino Trujillo y César Yépez Rivas, quienes se identifican como vecinos de la urbanización Villa Colombia, presentaran ante la secretaria del Consejo Legislativo, una denuncia en relación con la situación jurídica de los bienes inmuebles donde funciona Editorial Roderick, C.A.

Las medidas

Rojas inició su intervención narrando una cronología del caso y acotó que las decisiones tomadas por el Consejo Legislativo del estado Bolívar incluyen exhortar a la actual Junta Liquidadora del Inavi, para que ejerza las acciones de nulidad de venta protocolizada bajo Nº 12, Protocolo I, Tomo IV, del primer trimestre del año 1991:

«Debido a existir dolo y error en esa negociación, ya que las partes contratantes, a pesar de tener conocimiento de la caducidad de la autorización de venta, la llevaron a efecto, sin tener la legitimidad necesaria para ello, por lo que al tener conocimiento de esa fraudulenta negociación, se inicia el lapso de prescripción anteriormente mencionado».

También se exhorta a la Alcaldía del municipio Autónomo Caroní, por órgano de la Dirección de Regulación Urbana, a los efectos de iniciar de manera inmediata el procedimiento administrativo, a fin de ordenar el desalojo y cese de la actividad comercial de la empresa Editorial Roderick, C.A.:

«Toda vez que la misma no aparece especificada dentro de los tipos de actividad comercial para lo cual están destinados los espacios zonificados como comercio vecinal C-2».

Se habla también de solicitar a la Alcaldía del municipio Autónomo Caroní, por órgano de la Dirección de Regulación Urbana, iniciar de manera inmediata el procedimiento administrativo a fin de demoler cualquier construcción e instalación realizada por Editorial Roderick, C.A.:

«Que se encuentra en contravención al uso destinado para ese inmueble, que a saber, era el de servicios comunales y sociales».

Otra de las cuestiones establecidas en las conclusiones del informe, es exhortar a la Alcaldía del municipio Autónomo Caroní, por órgano de la Dirección de Regulación Urbana, a iniciar de manera inmediata la suspensión o revocatoria de la Patente Municipal que autoriza el funcionamiento comercial de la compañía Editorial Roderick, C.A.:

«Toda vez que la misma carece de conformidad de uso de ese inmueble».

De igual formar se exhorta a la Asociación de Vecinos de la urbanización Villa Colombia, a la Junta Parroquial Cachamay, a los denunciantes y a los habitantes de la zona:

«Para que ejerzan el recurso de defensa de zonificación por ante los tribunales del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar».

Finalmente se exhorta a la Gobernación del Estado Bolívar, por órgano del gobernador Francisco Rangel Gómez, que incluya dentro de sus planes sociales:

«El trámite para que una vez la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de la Vivienda, recupere las áreas, se ejecute una obra de interés social y de uso colectivo que permita a los residentes de Villa Colombia y a la ciudadanía en general hacer uso comunal de las áreas que por tantos años se les ha privado».

Diputados en contra

Una vez expuestas las conclusiones, se abrió el derecho de palabra, durante el cual el común de las intervenciones fueron destinadas a mostrar su satisfacción ante el informe presentado y sus conclusiones, a excepción de los parlamentarios del PPT Alfredo Arcila y Juan Linares, quienes tras una serie de críticas y observaciones tomaron la decisión de salvar sus votos.

Arcila argumentó en primer lugar la tardanza con la que les llegó el informe, faltando tan sólo pocos minutos para iniciarse la sesión, continuó expresando sus reservas en cuanto a lo que se refiere al establecimiento de la competencia de la Comisión Especial para realizar la investigación:

«En ninguna parte sale cuál es la fundamentación legal por la cual se declara competente la comisión o se declara competente al Consejo Legislativo para actuar en este caso».

Arcila habló también de fallos en ciertos detalles de fondo del informe, así como errores en la citación de algunos artículos:

«Creemos que este documento no está bien fundamentado, no tiene soporte ni legal ni constitucional y si lo aprobamos estaríamos usurpando funciones que no nos corresponden, porque somos incompetentes para determinar dolo. Lo que está en juego aquí es la integridad del Parlamento, porque no podemos estar dando palos a ciegas».

Labor que no les corresponde

Pero más allá de hacer observaciones sobre la redacción del informe, Arcila dijo que existen algunos hechos que llaman la atención:

«Se dice que se determinó que hubo la venta de la parcela a Editorial Roderick y posteriormente se dice que se determinó que la venta es nula porque se establecía como condición que ésta debería efectuarse durante los siguientes seis meses, no tenemos ningún soporte que nos diga que esto es verdad o mentira».

Por otra parte, destacó que el Consejo Legislativo del Estado Bolívar se estaba extralimitando en sus funciones:

«Oímos al diputado Rojas, en su exposición muy grandilocuente decía, se ha determinado el dolo, se ha determinado la responsabilidad civil, se ha determinado el fraude, señores eso no le corresponde al Consejo Legislativo».

Comentó que la historia del derecho penal se había quedado corta ante lo que estaba sucediendo, pues a su consideración el Consejo Legislativo del estado Bolívar está asumiendo posiciones que le corresponden al Poder Judicial:

«No podemos nosotros determinar responsabilidad civil o administrativa, nosotros en esta cámara podemos determinar responsabilidades políticas, no podemos estar asumiendo el rol de tribunales mercantiles».

«Que se le pase por encima»

Después de varias intervenciones más y para responder a lo dicho por Arcila, finalmente el parlamentario Carlos Rojas aclaró que ratificaba lo expuesto en el documento final de la investigación, explicando que fue sometido a una exhaustiva averiguación y que poseen pruebas que pueden ser consultadas por cualquier persona:

«El estado Bolívar está siendo lesionado, el colectivo de Guayana está siendo lesionado, los diputados tenemos la facultad para investigar y exponer ante el colectivo la verdad, quienes tengan que tomar decisiones tienen que hacerlo. Estamos solicitando que se demuela, a que se le pase por encima con los elementos técnicos y tecnológicos a una obra que no tiene por estar allí, porque son espacios comunales que pertenecen al colectivo y que fueron usurpados a través de una negociación fraudulenta».

De igual forma Rojas acotó que la decisión que tomó el Consejo Legislativo del estado Bolívar no iba en contra de la compañía o de ninguno de los empleados de Editorial Roderick, C.A.:

«Esta empresa está en el libre albedrío de seguir funcionando en cualquier otro sitio que no sea este espacio público de Villa Colombia».

¿Decisión política?

De acuerdo con Carlos Rojas, existen personas que están tratando de confundir al colectivo al decir que se quiere coartar la libertad de expresión. Ante la pregunta de que si la decisión tenía alguna motivación política, Rojas respondió:

«Las decisiones del Consejo Legislativo del estado Bolívar son institucionales, pero revisten características políticas, porque estamos facultados para exhortar a que se corrijan las situaciones que están dentro de una desviación».

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído