(Yesica Jiménez/PD).- Una forma de condenar el terrorismo es no sucumbir a las peticiones de los etarras, ni al chantaje, ni la extorsión. Juan Manuel de Prada, de Abc, opina que ETA solicita el cese de «los ataques contra los presos políticos vascos», es decir, exige que se deje de lado la ley para llevar a cabo la negociación.
En su editorial de Abc.es, Juan Manuel de Prada, censura duramente varios aspectos del último comunicado de ETA, solicitando al Gobierno «la suspensión del Estado de Derecho». Comienza así:
Me resisto a creer que el Gobierno haya adoptado «compromisos» con la banda etarra, tal como ésta aseveraba en su último comunicado. Todavía prefiero confiar en la palabra de quienes me representan, antes que en la de unos asesinos convictos y confesos. Lo contrario sería tanto como aceptar que la soberanía nacional está secuestrada por una pandilla de dimisionarios capaces de venderla en almoneda. Sentada esta premisa, conviene centrar la atención en otros aspectos de dicho comunicado, que no hacen sino abundar en las mismas expresiones de inequívoco maximalismo a que nos tienen acostumbrados los terroristas, pero formuladas quizá con mayor desfachatez y brutalidad.
En algún pasaje de ese comunicado delirante se lee que deben darse:
Los pasos necesarios para garantizar que ninguna legislación, ordenamiento jurídico ni Constitución sea obstáculo o límite en el desarrollo de la decisión que mayoritariamente adopte el Pueblo Vasco».
También que:
«Los aparatos del Estado no pueden condicionar ni el desarrollo ni el resultado del proceso»
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Y, en fin, se afirma que las autoridades españolas deben garantizar:
«El cese total de la represión, los ataques contra el colectivo de presos políticos vascos a través de la aplicación de leyes de excepción y la presión, chantaje y extorsión contra las actividades de la izquierda abertzale»
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En definitiva, los etarras reclaman la suspensión del imperio de la ley o, dicho de forma más rimbombante, del Estado de Derecho.
De Prada pone de manifiesto que negociar con ETA, les deja exentos de castigo:
¿Es lícito que un poder público garante de la legalidad entable negociaciones con una banda de asesinos que exige que sus crímenes se beneficien de la impunidad, que se obstruya la acción de la Justicia y que el entero ordenamiento jurídico se declare abolido? Si la función primordial del poder ejecutivo, tal como nos enseñaron en la escuela, es ejercer la gobernación mediante una escrupulosa aplicación de las leyes, ¿cómo puede aceptarse que un Gobierno se embarque en una negociación en la que, antes de empezar a discutir cualquier otro asunto, se le exige que reniegue de su principal cometido, de su misma razón de ser?
Para el redactor de Abc, ETA impone su dicurso y el Gobierno acata y les deja impune:
Nunca es plato de buen gusto que el Estado se avenga a conversar con una patulea de criminales sanguinarios; pero si además esos criminales reclaman que sus delitos no sean castigados y que su quimera política se imponga, previo allanamiento de los «obstáculos y límites» legales que impiden su consecución, ¿cuál puede ser el asunto de dichas conversaciones? ¿Está legitimado un Gobierno a iniciarlas siquiera cuando se le propone una premisa tan aberrante? No se discute aquí la legitimidad del Gobierno para probar soluciones que actúen en beneficio de los ciudadanos, sino para aceptar premisas que hacen inviable cualquier solución.
De Prada continúa en su artículo recordando el juicio del etarra Txapote:
El azar (o ese ensañamiento sibarítico que suelen emplear los etarras) ha querido que la divulgación de este último comunicado en el que se solicita, entre otras lindezas, el cese de la represión y los ataques contra el colectivo de presos políticos vascos» haya coincidido con el juicio a las alimañas que secuestraron a Miguel Ángel Blanco, lo utilizaron como rehén para alcanzar sus fines desquiciados y, finalmente, lo ejecutaron con cobardía alevosa. De aquella sangre inocente brotó un formidable movimiento de rebeldía ciudadana que acabaría empujando a sus asesinos a las madrigueras de postración y acabamiento en que hoy yacen.
El periodista del Abc denuncia la quietud de la justicia y del Gobierno, ante las burlas de los imputados:
¿Qué gangrena se ha extendido entre la sociedad española para que aquel movimiento espontáneo haya degenerado en un aguachirle de pacifismo barato? ¿Estamos en verdad dispuestos a que ese par de alimañas que hemos visto pavonearse ante las cámaras, proferir fanfarronerías ante el tribunal que los juzgaba, burlarse gélidamente del dolor de los familiares del asesinado y hasta lanzar amenazas a la sociedad sean considerados «presos políticos vascos»? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a transigir? Y, en fin, ¿estamos dispuestos a que el Gobierno transija por nosotros?
