(PD/Agencias).- El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha solicitado la comparecencia de la directora general de RTVE, Carmen Caffarel, ante la Comisión de Control del Ente para que informe del acuerdo alcanzado con los sindicatos para aplicar el plan de saneamiento, que supondrá la baja de 4.150 trabajadores.
Según la portavoz ‘popular’ en esa Comisión, Macarena Montesinos, el acuerdo logrado ‘in extremis’, «debe garantizar la viabilidad futura de RTVE y los medios para cumplir eficazmente con sus cometidos de servicio público». Montesinos considera que se ha perdido «un tiempo precioso de tres años por no aplicar el acuerdo anterior apoyado por todos los trabajadores y la Sepi en el año 2001 y que preveía el completo saneamiento de la cadena pública en enero de 2005».
Para Montesinos, Caffarel «ha sido incapaz hasta la fecha de identificar a RTVE con alguna rentabilidad social o con un proyecto ilusionante para los trabajadores y los televidentes». En su opinión, la directora general «manipula mejor que gestiona y le han sobrado muchas dosis de altivez y enfrentamientos gratuitos con la plantilla».
La portavoz del PP ha recordado también que «este ajuste laboral se produce en el momento de mayor debilidad de toda la historia de RTVE y después de haber perdido casi ocho puntos de audiencia en los dos últimos años». Además, ha acusado a Caffarel de «hacerse la foto sin acreditar ningún mérito» mientras «hunde cada día más la credibilidad y el prestigio de RTVE, que el mismo día de la firma obtuvo el 16,1% de la audiencia».
En cualquier caso, la diputada del PP ha felicitado a los trabajadores «por haber logrado, entre otras cosas, lo que los mandatos parlamentarios no han conseguido respecto a la presencia territorial de RTVE, la Orquesta y Coro o el apoyo a la producción propia».
De forma completamente opuesta se ha manifestado el secretario ejecutivo del PSOE, Oscar López, para quien el acuerdo y la nueva Ley de Radio y Televisión ponen las bases para una RTVE «fuerte, independiente y saneada económicamente».
López, portavoz en la Comisión parlamentaria de Control, ha señalado a través de un comunicado que el Gobierno ha realizado una reforma «necesaria» sustentada en el Plan de Viabilidad que fue «acordado por todos los sindicatos» y en la Ley de Radio y Televisión públicas que consensuaron todos los grupos «a excepción del PP».
Según el dirigente socialista, el Gobierno «ha cumplido un compromiso» y ha sentado las bases para una televisión pública de calidad, «independiente del poder político y sin pesados lastres financieros».
El también socialista Emilio Pérez Touriño, presidente de la Xunta de Galicia, ha admitido, sin embargo, que el acuerdo «no le gusta», puesto que la «presencia» del ente público en la región «no sale fortalecida».
Touriño ha lamentado los términos pactados, tras el «trabajo de diálogo» promovido por su Gobierno «en la medida de las posibilidades» con las que contaba ante una negociación de carácter estatal.
Así, después de que la SEPI y RTVE pactasen la supresión de los servicios locales, el mandatario autonómico ha admitido que le «habría gustado» que la presencia en la comunidad fuese mayor, ya que, a su juicio, en los términos acordados el Ente «no sale consolidado» como la Xunta hubiese deseado.
