(Periodista Digital / Agencias).- El presidente del Parlamento Europeo, el socialista español Josep Borrell, se la está jugando por un supuesto abuso de poder contra la cadena COPE ante esta institución. Marcin Libicki, presidente de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, le acusa de violar el reglamento al dejar en suspenso la tramitación de una demanda sobre la no renovación de las emisoras de radio de la COPE en Cataluña.
La petición fue presentada el pasado 24 de enero por el eurodiputado del PP Luis Herrero, quien reclamó que la Eurocámara investigará los motivos por los que la Generalitat catalana no renovó licencias de radio a la cadena COPE.
En una carta a Borrell, a la que tuvo acceso la agencia EFE, Libicki lo acusa de haber actuado ‘sin base legal’ y defiende que la pertinencia de admitir a trámite la petición es ‘obvia’.
Libicki, eurodiputado polaco del grupo euroscéptico ‘Unión por la Europa de las Naciones’, admitió a trámite la demanda, pero varios miembros de la comisión de Peticiones, entre ellos su vicepresidente, el laborista británico Michael Cashman, consideraron que se había extralimitado en sus funciones por entender que la decisión de admitir o no a trámite una petición corresponde al conjunto de la comisión de Peticiones en pleno y no a su presidente.
Ante esa situación, Borrell decidió el pasado julio preguntar a la comisión de Asuntos Constitucionales si el polaco había actuado correctamente y dejar en suspenso, mientras tanto, la admisión de la demanda.
En su carta a Borrell, Libicki defiende sin embargo que la petición es ‘obviamente’ admisible, porque
‘acusa a las autoridades españolas de haber vulnerado derechos fundamentales, relativos en concreto a la libertad de expresión’
y recuerda que la demanda iba respaldada por 700.000 firmas de ciudadanos.
Libicki no cuestiona que Borrell haya pedido la opinión de la comisión de Asuntos Constitucionales, pero sí la decisión del presidente de suspender la admisión a trámite y le reprocha que no le haya comunicado la base legal para hacerlo.
‘No me dio la base legal de su decisión porque no existe’
,
afirma Libicki, que considera que la decisión de Borrell viola el reglamento del Parlamento Europeo y expone a la institución a
‘una denuncia de acción ilegal frente al Defensor del Pueblo Europeo y el Tribunal de Justicia de la UE’ y a una ‘deshonra sin precedentes’.
