(PD).- Hace nueve meses ZP dijo: “Nuestra política de inmigración consiste en poner orden donde había desorden, legalidad donde había ilegalidad”. Los hechos demuestran que es una bomba de relojería para el gabinete. Pero no es la única: Líbano, Repsol, los incendios, y ETA terminarán pasándole factura.
Las fuerzas de seguridad no dan abasto para controlar la entrada de ilega-les y las fronteras están desguarnecidas. Van 3.000 ahogados entre Canarias y África, y las gestiones españolas en los países de origen de los inmigrantes son mínimas. Y todavía resuenan las palabras del ministro de Trabajo, Jesús Caldera:“Vamos a ser la envidia de Europa en materia de inmigración”. Así lo cuentan Ana del Pasa y María Rojo en la revista Época.
Frase lapidaria que lanzó tras la regularización masiva de emigrantes -hace dos años- que causó todo un efecto llamada. Fronteras desbordadas, casi 600 ahogados al intentar llegar a Canarias (aunque las ONG hablan de 3.000). Más de 20.000 ilegales interceptados por la Guardia Civil, una veintena de subsaharianos heridos y muertos al intentar saltar las verjas de Ceuta y Melilla. Además, las gestiones del Gobierno en los países de origen para frenar las salidas han sido totalmente insuficientes.
Los medios dispuestos por Alfredo Pérez Rubalcaba para frenar la salida de emigrantes desde África son precarias y así lo ha denunciado la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) después de que el ministro del Interior anunciase el envío de sólo ocho agentes a Senegal.
Las gestiones del Gobierno no han servido, pues, de nada, tras las respectivas giras africanas de Rubalcaba y Fernández de la Vega (quien acaba de lanzar una “ofensiva diplomática” en la Unión Europea), llevar el problema al Parlamento Europeo y desplazar a más efectivos de la policía y la Guardia Civil a los países de salida.
Decenas de cayucos esperan para llevar ilegales de Marruecos, Argelia, Senegal, Mauritania, Sierra L e o n a, Malí, Guinea-Bissau y Gambia. Rafael Puyol, demógrafo y catedrático de Geografía humana, atribuye el aumento del flujo migratorio en parte a la “globalización. Ahora se viaja más y hay mayor información de otras partes del mundo. La movilidad todavía no es muy intensa porque sólo hay alrededor de 195 millones de personas que viven en un lugar distinto a donde han nacido (un 3%del total), pero han aumentado los países que reciben y que envían emigrantes, y se ha multiplicado el número de causas por las cuales la gente se mueve, aunque predominan las económicas. Además, cada vez la mujer participa más en la movilidad”.
En su opinión, “el flujo migratorio ilegal -sobre todo el africano- irá a más, si no desarrollamos políticas económicas in situ y no incrementamos las ayudas”.
En el debate sobre el Estado de la nación de mayo de 2005, Zapatero declaró: “Nuestra política en esta materia ha consistido en poner orden donde había desorden; legalidad donde había ilegalidad”.
Actualmente hay más inmigrantes ilegales en España que antes de la regularización de Caldera (cerca de un millón). Sólo en agosto han llegado a Canarias 4.772 (4.751 en 2005). Las incongruencias, incompetencia y mentiras del Gobierno desde que prometiera poner “el contador a cero” de ilegales han sido notorias. Zapatero mira hacia otro lado, pese a que la dramática realidad ha puesto en entredicho su actuación.
A finales de julio de 2006, en plena crisis, ningún representante del Ejecutivo con competencias en inmigración acudió al Consejo de Ministros celebrado en Bruselas. Ante esta actitud, no es de extrañar que nuestros vecinos se lo tomen con calma y que el dispositivo de la Agencia Europea de Fronteras no termine de arrancar.
El ninguneo viene precedido de las advertencias de la Comisión Europea, Francia, Holanda y Alemania sobre las indeseables consecuencias del plan Caldera. En un callejón sin salida, el Gobierno ha ocultado la dimensión de la catástrofe.
Basta con recordar la declaración del entonces portavoz parlamentario, Alfredo Pérez Rubalcaba, de que no existían informes sobre las muertes en el Atlántico. Se demostró que la cifra ascendía ya a 1.200 fallecidos. La calamitosa gestión se ejemplifica en los traslados de Canarias a la Península. El 85% de los subsaharianos son enviados a comunidades autónomas gobernadas por el PP y de los 11.000 inmigrantes que han aterrizado este año en la Península, cerca de 9.000 lo han hecho en autonomías del PP.
La Comunidad de Madrid ha recibido 6.500 ilegales y Cataluña, tan sólo 750. Valencia ha incrementado en un 600% el número de traslados y Murcia ha recibido 836. Este sectarismo se ve agravado por el peso económico que supone hacerse cargo de los inmigrantes. Pese a que el Ejecutivo anunció un presupuesto de 40 millones de euros, Madrid ha denunciado que “no ha recibido ni un solo euro” de ayuda.
Una ayuda necesaria para asistir a los inmigrantes que son abandonados. Éste es el orden que prometió Zapatero.
