(PD).- Reporteros Sin Fronteras (RSF) condena el atentado con bomba contra el canal público de televisión Canal 7, cometido el 8 de septiembre de 2006 en Santa Cruz (este de Bolivia). En un contexto político muy tenso, la organización recuerda el respeto al pluralismo de los medios de comunicación y advierte que una «guerra mediática» no haría más que envenenar la situación.
«Denunciamos con fuerza ese acto vandálico, dirigido contra el Canal 7, y manifestamos nuestra solidaridad con sus periodistas y asalariados. El atentado se produce en medio de un clima de enfrentamiento cada vez más preocupante, entre partidarios y opositores del presidente Evo Morales. Esperamos que los medios de comunicación no se conviertan en instrumento del conflicto, como fue el caso de Venezuela en la época del golpe de Estado de abril de 2002. De hecho, esperamos que no se establezca un desacuerdo irreversible entre medios públicos y privados, lo que expondría a los periodistas a peligros reales en el ejercicio de su trabajo»
ha declarado RSF.
En la mañana del 8 de septiembre, unos desconocidos lanzaron dos bombas incendiarias a un edificio del canal público Canal 7, en Santa Cruz, capital económica del país y primer bastión de la oposición al gobierno de La Paz. Solo una de las bombas alcanzó al edificio, la otra explotó a diez metros de distancia. El atentado no causó ningún herido, y escasos daños materiales.
Las autoridades no excluyen una relación directa entre este episodio y las manifestaciones de la Unión Juvenil Cruceñista, muy hostil al actual gobierno que, aquel mismo día, paralizó la ciudad y llevó a cabo varios saqueos.
En la misma semana, a Juan Domingo Yanique, corresponsal de la radio estatal Red Patria Nueva, le pegaron una paliza y le expulsaron de una manifestación organizada por el Comité Cívico de Pando (departamento del Norte), otro grupo de oposición, cuando los agresores se dieron cuenta de que trabajaba en un medio de comunicación público.
Evo Morales, elegido presidente en diciembre de 2005, debe hacer frente a reivindicaciones autonomistas en cuatro de los nueve departamentos bolivianos, entre ellos los de Santa Cruz y Pando, donde la oposición contesta su política de nacionalización de los hidrocarburos y la creación, el 6 de agosto, de una Asamblea Constituyente.
