Felipe Valdés (Periodista Digital).- ETA y el CAC catalán han hecho que el nivel de libertad de expresión en España esté por debajo de lo que tienen en Panamá, Namibia, Ghana o Benín, según la clasificación mundial que elabora Reporteros Sin Fronteras. La banda terrorista ya hacía que nos mantuvieran relegados a un lejano puesto en el listado, pero la puesta en marcha del órgano censor catalán nos sepulta a un vergonzoso puesto 42º.
Y más que bajaremos si, como pretende el Gobierno del PSOE, este modelo de órgano represor se expande a todo el territorio nacional. Según han anunciado en repetidas ocasiones, Zapatero sigue con la idea de crear un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), órgano con capacidad para sancionar a radios y televisiones antes de que se pronuncien los tribunales y el Estatuto del Periodista.
La llamada Ley Mordaza no convence entre los periodistas españoles, que lo ven como una “aberración”:
Luis María Ansón:
«Una atrocidad, absolutamente negativo. Supone una violación del artículo 20 de la Constitución, es una ingerencia en un derecho fundamental sobre el que reposa nuestro sistema democrático: la libertad de expresión».
Fernando Jáuregui:
«No sé por qué nos tienen que interponer tantos organismos controladores, lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo con los desmanes que se producen en determinados medios, pero deberían ser los responsables de esos medios los que acabaran con esos excesos. No estoy de acuerdo con que exista un Consejo Audiovisual, ni códigos de autorregulación ni nada de eso. Ya tenemos un Código Penal y un Código Civil».
Antonio Rubio:
«Algunos, por edad, sufrimos la ley Fraga; ¡Ahora nos toca la ley Montilla!. Ya hay un Código Penal, y todo lo que sea ir más allá es un control, una censura y una limitación a la libertad de expresión».
José Oneto:
«No he leído la nueva ley, pero llega en el peor momento, casi simultáneamente a la aprobación del Consejo Audiovisual de Cataluña, que es un consejo político. Aunque habrá que esperar a leer el anteproyecto en profundidad, el hecho de que se pueda parar una cadena de televisión me parece un disparate».
Félix Madero:
«Es una aberración. Son los oyentes y los telespectadores los que tienen que elegir, no hay más. Es una falta de sentido común y de sentido político que desde organismos públicos se quiera controlar la información. No se puede legislar por motivos coyunturales relacionados con la emisora de los obispos. Sólo confío en el trabajo bien hecho y en los oyentes y telespectadores inteligentes».
Tanta indignación suscitó la aprobación de la Ley Audiovisual Catalana, que tanto periodistas como políticos coincidieron a la hora de condenarlo. Así, Fernando González Urbaneja, reclamó la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que regula la actividad del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC). Algo que inmediatamente hizo el Partido Popular, recurriendo ante el Constitucional 50 artículos de la ley audiovisual catalana.
LA POLÉMICA TRASPASA NUESTRAS FRONTERAS
Para los organismos internacionales encargados de velar por la libertad de expresión como Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Asociación Mundial de Periódicos (WAN) o el Instituto Internacional de Prensa (IPI), la existencia del CAC en Cataluña constituye «un retorno a épocas pasadas de censura y represión».
Anaquelle Arqui, de Reporteros Sin Fronteras, expresaba recientemente en Bruselas su preocupación por la aprobación de la por entonces nueva ley audiovisual de Cataluña:
”Estoy sorprendida por el hecho de que una medida tan restrictiva pueda ser votada en un país europeo. Es un atentado a la libertad de expresión que se establezca la veracidad informativa como criterio para multar o cerrar medios. Se trata de una fórmula muy peligrosa pues es suficientemente maleable y subjetiva para que pueda ser empleada con mucha amplitud».
La aprobación y puesta en marcha del polémico CAC hizo que también los compañeros de profesión europeos alzaran la voz en contra. En Viena, Johann Fritz, director del IPI -que reúne a directores y responsables de medios del mundo entero-, escribe en sus misivas a Pasqual Maragall y Ernest Benach:
«El IPI cree que los amplios poderes de censura del CAC no tienen equivalente alguno en Europa occidental»
Gavin O’Reilly, presidente de la WAN, con sede en París, y George Brock, presidente de su filial el Foro Mundial de Directores -organismos que agrupan a 18.000 periódicos de 102 países, 11 agencias de noticias y nueve grandes grupos de prensa- también solicitaron que «el Parlamento de Cataluña observe en el futuro las normas internacionales sobre libertad de expresión» y retire al CAC su capacidad censora.
COMPRENSIÓN DENTRO DE CASA
Sin embargo, los hay también con una visión bien diferente de lo que el CAC representa. Es el caso de Dardo Gómez, presidente del sindicato de Periodistas de Cataluña, que considera “un absurdo” que RSF rebaje un puesto a España en este listado por causa del CAC:
”Quisiera saber si a los otros 47 países de Europa con consejos audiovisuales iguales al CAC también les han rebajado en el ranking. Lo que pasa es que en RSF tienen muy mala información. No saben evaluar la importancia de un organismo que vele por la información de los ciudadanos en lugar de los intereses de las empresas.”
Del mismo modo piensa Dolores Comas, diputada por ICV en el parlamento catalán:
«Es una anomalía que España no tenga un Consejo Audiovisual»
Y los hay como Juan Luis Cebrián, que se quedan en el término medio, ni todo es blanco ni mucho menos negro:
«Estoy de acuerdo en que se creen órganos independientes: sí a los Consejos Audiovisuales, pero cuidado con la intervención directa. El CAC ha seguido el peor modelo posible, el mismo que el de Francia, el intervencionista.»
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