El Departamento de Justicia de EEUU ha pedido al Tribunal Supremo que no impida al Gobierno que acceda a los registros de las llamadas telefónicas que realizaron dos periodistas del diario ‘The New York Times’ tras los atentados del 11-S.
La reacción del Departamento de Justicia se produce después de que la semana pasada el diario pidiera a la magistrada del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg que impidiera temporalmente al Gobierno que repase los citados registros.
El Tribunal Supremo señala en un comunicado que impedir el acceso a esos registros «causaría un daño irreparable para una investigación criminal importante».
La fiscalía ha tratado de hacerse con los registros de esas llamadas en las que los periodistas Judith Miller y Philip Shenon habrían obtenido de un funcionario información sobre los planes de las autoridades de registrar los locales de la Global Relief Foundation, una organización islámica de Bridgeview (Illinois), acusada de financiar actividades terroristas, y congelar sus fondos.
Esos planes también incluían congelar los fondos de esa organización y de otra asociación, la Holy Land Foundation.
La organización musulmana, que niega toda relación con el terrorismo, demandó al diario por difamación en noviembre de 2001, al considerar que sus informaciones insinuaban una implicación del grupo en ese tipo de actividades.
El diario neoyorquino mantenía que revelar las llamadas realizadas en un período de 20 días, como buscaba la fiscalía, no sólo violaba la privacidad de los periodistas, sino que además podía sacar a la luz la identidad de sus fuentes, muchas de las cuales nada tenían que ver con la investigación.
Los periodistas han querido siempre mantener confidenciales sus fuentes.
En febrero el juez de distrito Robert Sweet estimó que el Gobierno no había demostrado que había agotado otras vías posibles para obtener la información y que no podía obtener lo que necesitaba para su investigación sobre las filtraciones sin los registros de llamadas telefónicas de los periodistas.
Miller fue encarcelada durante 85 días en el 2005 por negarse a revelar las fuentes que le indicaron que la esposa de un diplomático estadounidense trabajaba como agente de la CIA, una revelación que puede ser considerado un delito y que es investigada por un fiscal especial.
